Los sindicatos Satse, ELA, LAB, CCOO, UGT y ESK de Osakidetza advirtieron ayer de que, después de los procesos de privatización de servicios del Hospital de Urduliz, el Gobierno de Iñigo Urkullu plantea también externalizar servicios de otros centros, por lo que, según estiman, empeorará la calidad del servicio a la ciudadanía.

Las centrales llevaron a cabo al mediodía sendas concentraciones ante las delegaciones del Departamento de Salud en Bilbo, Donostia y Gasteiz. En la capital vizcaina, según relató la agencia Efe, casi un centenar de congregados reclamaron la dimisión del consejero Jon Darpón al considerar que «ha hecho una apuesta decidida por la privatización» y que así «despilfarra el dinero público», tal como indicó en declaraciones a los medios José Ignacio Martínez (ESK).

Si hace unos meses los sindicatos denunciaron la privatización de los servicios de lavandería, cocina, plancha, lencería, mantenimiento y limpieza del Hospital de Urduliz, ahora avisan de la privatización también de la lavandería del Hospital de Leza, el servicio de informática de Osakidetza y «parece que la rehabilitación del Hospital de Eibar» (este último, en fase de construcción).

Según los sindicatos, Darpón evidencia «una actitud muy autoritaria y antidemocrática, ya que incumple acuerdos de la mesa general de la Administración y de Osakidetza, en los que se comprometió a no privatizar ninguna nueva área o servicio, e incluso había asumido revertir los ya existentes».

Varapalo judicial

Por otro lado, CCOO informó de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha vuelto a poner de manifiesto «la nula voluntad negociadora que ha tenido Osakidetza en los últimos años», al ratificar la sentencia ganada por este sindicato frente a la constitución de las OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces, Uribe, Donostialdea y Tolosaldea.

CCOO recurrió la constitución de esas Organizaciones Sanitarias Integradas (OSI) porque, pese a que su creación afectaba a las condiciones de trabajo de la plantilla, la dirección de Osakidetza se negó a negociarlas con las organizaciones sindicales. El TSJPV sostiene en su sentencia que «indudablemente afecta a la movilidad de los empleados públicos, lo que hace que tal negociación resulte necesaria».

Según añadió la central, la Consejería de Salud mantuvo esa «actitud intransigente» en la última mesa sectorial.