La guía de la Organización Mundial de la Salud sobre el VIH en las prisiones elaborada en 1999 dejó sentado que «a los reclusos con Sida avanzado» se les debe otorgar «la libertad temprana humanitaria, para facilitar el contacto con sus allegados y para que el enfermo pueda hacer frente a la muerte con dignidad y en libertad». Lo saben los 300 profesionales médicos vascos de la red pública que han hecho suyo un informe tan real como dramático sobre el caso de Ibon Iparragirre, que encaja en esa definición. Y lo deberían saber también las autoridades penitenciarias y judiciales españolas que impiden a toda costa su excarcelación y le imponen además el castigo añadido del alejamiento a Madrid, donde hoy está ingresado en un hospital por una inquietante recaída.

En términos médicos, no hay debate posible. Seguir en prisión es para Iparragirre, con un recuento ínfimo de «células de defensa» y una carga viral extremadamente alta, estar en un «corredor de la muerte». Lo certifican tanto el contenido de este informe como el hecho de que se hayan adherido a él ya 300 médicos de diferentes ramas y obviamente también de diferentes ideologías. Porque se equivoca quien siga pensando que asuntos como el de Iparragirre son una cuestión de adscripción política. Se trata de un asunto humanitario, de pura emergencia, de auténtica vida o muerte, que lógicamente interpela a la vocación y la deontología de quienes han convertido el cuidado de la salud en su profesión. La implicación civil supone en este caso, uno más en los últimos tiempos, un aldabonazo para quienes incumplen o eluden su responsabilidad política.

El caso de Iparragirre es tan evidente que ni siquiera hace falta sensibilizar, únicamente informar. Resulta elocuente que la representante del PP en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento de Gasteiz en que se escuchó este informe reconociera su alarma y reprochara al ministro del Interior su discurso sobre los presos terminales. Una crueldad que sí es auténticamente enfermiza.