Richard Ferrand, ministro de Cohesión Territorial, exdiputado socialista y uno de los primeros seguidores del actual presidente, Emmanuel Macron, está siendo investigado porque a finales de 2010, cuando era director general de Les Mutuelles de Bretagne, su pareja alquiló a esta mutua unos locales en la ciudad de Brest. Su compañera los compró con la condición de que se formalizara ese alquiler, lo que le permitió obtener un crédito bancario de 400.000 euros que se correspondía con la totalidad de su inversión, es decir que su aportación y el riesgo financiero que asumía eran prácticamente nulos.

La Fiscalía de Brest se había resistido a abrir una investigación, pero ayer anunció que se la encargaba a la Policía tras analizar «elementos complementarios» y con el objetivo de «recoger cualquier elemento que permita un análisis completo de los hechos e investigar si son susceptibles o no de constituir una infracción penal en materia de falta al deber de probidad y a las reglas específicas de la mutua».

La asociación anticorrupción Anticor había presentado una demanda por un delito de abuso de confianza, que afecta a Ferrand, a los miembros del Consejo de Administración de Mutuelles de Bretagne (que el ministro dirigía) y a su esposa, beneficiaria de la operación.

Ferrand ha desmentido cualquier irregularidad y ha rechazado dimitir.

El caso llega a diez días de las elecciones legislativas, en las que los sondeos auguran una mayoría absoluta al partido del presidente, Emmanuel Macron.

Pero además, ha dañado la imagen de impulsor de la moralización de la vida política, de la que había hecho bandera en una campaña marcada por las revelaciones de los supuestos empleos ficticios de su rival de la derecha, François Fillon. Y el anuncio de la investigación coincidió con la presentación, por parte de su ministro de Justicia, François Bayrou, del primer proyecto de ley de la nueva legislatura, destinado a la «moralización de vida pública» y que incluye varios cambios legislativos y hasta una reforma constitucional para «restaurar la confianza de los ciudadanos» en la clase política.

Entre otras medidas, el Gobierno prevé prohibir a los ministros y parlamentarios emplear a miembros de su familia.