Grenoble. Este del Estado francés. 160.000 habitantes. Sede de los Juegos Olímpicos de invierno en 1968 y puerta de entrada occidental a los Alpes. Y además, capital francesa de la remunicipalización. Ya en 2000 decidió rescindir el contrato que tenía con la multinacional Suez (ahora Engie) y crear una empresa pública de suministro de agua. 17 años después, la calidad del agua es mejor y el coste menor. El próximo paso, ya en marcha, será remunicipalizar el servicio eléctrico con un doble objetivo: luchar contra la pobreza energética y reducir las emisiones de gases invernadero. Se suma también el proyecto de ofrecer comida 100% local y ecológica en los comedores escolares de la ciudad.

Son algunos de los casos extraídos del libro “Reclamar servicios públicos”, coordinado por Satoko Kishimoto y Olivier Petitjean y editado por el Transnational Institute (TNI), en el que se recogen 835 casos de remunicipalizaciones en 45 países de todo el globo. Es decir, casos de recuperación pública de servicios privatizados a escala local. La mayoría se dan en los sectores del agua (267) y la energía (311), pero hay ejemplos en infinidad de campos, desde los residuos y el transporte a la salud y las guarderías. «Esta lista es solo un primer paso, hay muchos más casos en todo el mundo que aún no hemos podido identificar por falta de tiempo y recursos, pero como tal, ilustra los puntos que queremos subrayar», aseguran en sus conclusiones Kishimoto y Petitjean, que resumen así sus grandes objetivos: poner de manifiesto que «existe una fuerte tendencia a la remunicipalización en Europa y en todo el mundo» y explicar que esta tendencia «no solo refleja los muchos fracasos de las políticas de privatización y de austeridad, sino que también conduce a servicios públicos realmente de mejor calidad».

Sin idealizaciones, con datos

«Los servicios públicos no son perfectos solo porque son públicos. Algunos de ellos incluso tienen problemas importantes que suponen servicios insatisfactorios, malas condiciones para los trabajadores y costos adicionales», avisan los autores. Pese a ello, aseguran que «la experiencia global demuestra que la privatización generalmente no cumple sus promesas».

Para sostenerlo, advierten de que «en flagrante contradicción con las promesas de las empresas privadas, la privatización a menudo conduce a mayores costes» para las autoridades locales o para los ciudadanos, así como a una menor calidad del servicio y una ínfima transparencia. Un ejemplo lo encontramos en Montenegro, donde la empresa Atlas Group solo invirtió 3 millones de los 119 comprometidos en el contrato de gestión del hospital de Herceg Novi. El Gobierno lo rescindió tras las pruebas sobre el fraude fiscal de la empresa y el hospital funciona ahora correctamente bajo gestión pública». Otro ejemplo: en Lesotho, un solo proyecto de gestión público-privada en un hospital absorbió la mitad del presupuesto sanitario del país y dio a la empresa privada un beneficio del 25%.

Frente a estos casos, recuerdan ejemplos como la remunicipalización del agua en París, donde el nuevo operador público abarató los costes en 40 millones solo el primer año. El libro también explica que el fin del contrato de gestión del transporte en Londres permitió una reducción de los costes de 1.000 millones de libras esterlinas.

Los mitos de lo público-privado

De hecho, otra de las conclusiones destacadas a las que llegan los autores se refiere al peligro de los llamados PPP (Public-Private Partnership), los contratos que involucran a sectores públicos-privados –la incineradora de Zubieta o la Autovía del Camino en Nafarroa son dos claros ejemplos–.

El aviso contra estos contratos que «se presentan como una manera más fácil de financiar las infraestructuras públicas» no puede ser más contundente: «Las PPP son en realidad una forma oculta de la deuda, que resulta ser más cara para las autoridades públicas en el largo plazo. Están diseñadas para crear una ilusión de asequibilidad y ocultar costos y responsabilidades reales, lo que hace más fácil convencer a los funcionarios de que emprendan proyectos a gran escala que no necesariamente reflejan las necesidades reales de sus poblaciones». Según el propio FMI, el 55% de los contratos público-privados se renegocian, y en dos tercios de los casos tiene como consecuencia un aumento del coste para los usuarios.

Aunque en el listado de 835 iniciativas constan la desprivatización del Servicio de Atención a Domicilio de Iruñea y la remunicipalización del agua en Ermua, el informe da otros reveses a algunas de las prácticas seguidas en Euskal Herria –si bien hay que tener en cuenta que numerosos sectores susceptibles de ser remunicipalizados, como el del agua, nunca dejaron de ser públicos en buena parte del territorio vasco–. En el ámbito de residuos, por ejemplo, los autores subrayan que «hoy en día es casi imposible que una empresa privada de residuos se involucre en una verdadera política de ‘residuos cero’, porque todo su modelo de negocio se basa en maximizar los volúmenes de recolección y en grandes infraestructuras como las plantas de incineración». Por ello pone como ejemplo a Briançon (Francia), que decidió no renovar su contrato de gestión de residuos con la empresa Veolia.

Mayor capacidad de encarar retos

La gestión de residuos conecta, junto a las desprivatizaciones en el sector energético, con un eje troncal del estudio del TNI, que señala las remunicipalizaciones como una forma de impulsar «la transición hacia sistemas energéticos eficientes, basados en energías renovables y asequibles». «La remunicipalización no se limita a cuestiones locales, muy a menudo también aporta soluciones locales eficaces a problemas y crisis mundiales», aseguran los autores, que ponen como principal ejemplo las empresas municipales del sector energético en Alemania, donde Hamburgo lleva la iniciativa. Para finales de 2015, la empresa local Hamburg Energie tenía instalados ya más de 13 MW de energía eólica y 10 MW de energía solar. Más de 100.000 clientes se benefician a día de hoy de esta energía renovable y local.

Es eso lo que lleva a Petitjean y Kishimoto a reivindicar que «la remunicipalización rara vez es solo un cambio en la propiedad o la gestión, se trata de recrear o reintroducir un ethos público y un compromiso con el acceso universal, en contraposición a la perspectiva comercial y de búsqueda de beneficios de los proveedores privados». Algo que, según añaden, se traduce en unos servicios más asequibles para toda la ciudadanía, en una mayor transparencia y una democratización de los servicios públicos, que deben promover la participación ciudadana.

Dos ejes de tensión

Aunque el libro no obvia la tendencia a la izquierda de la mayoría de quienes abanderan las desprivatizaciones, si que subraya que, sobre todo en Francia y Alemania, «las remunicipalizaciones son llevadas a cabo por políticos de todos los colores». «La división política relevante no es a menudo de líneas partidistas, sino entre el nivel local, donde los políticos y los funcionarios tienen que afrontar desafíos concretos, y los niveles estatales y europeos, que están presionando para la austeridad y los recortes presupuestarios», añaden, poniendo como ejemplo al Estado español, donde el Gobierno ha llevado a los tribunales a Valladolid para evitar la remunicipalización del agua, o donde el PP está impulsando una norma que prohíbe a las ciudades contratar antiguos trabajadores de la empresa privada tras remunicipalizar un servicio. Una medida cuyo objetivo evidente es poner en contra de las desprivatizaciones a los trabajadores, con los que Petitjean y Kishimoto subrayan que debe contarse en todo momento.

Por ello, en la recta final del documento, los autores recuerdan que «es mucho más fácil privatizar un servicio público que remunicipalizarlo». Admiten también que «todavía hay un fuerte impulso hacia la privatización en todo el planeta», pero recuerdan que el camino apenas ha empezado a recorrerse: «El creciente número de desprivatizaciones muestra la privatización como social y financieramente insostenible; por cada caso de remunicipalización que se ha dado con éxito, hay muchos casos de autoridades locales y ciudadanos que están insatisfechos con los proveedores privados, pero aún no han tomado medidas».