Una breve mirada sobre el aumento de la conflictividad laboral producida durante la década de los 70, nos permite obtener una visión de los intereses de clase que condicionaron la evolución sociopolítica tras la muerte del dictador el 20 de noviembre de 1975. En el conjunto de Euskal Herria se produjeron numerosas convocatorias de huelgas generales (12 en 1976 y 4 en 1977) a las que habría que añadir otros cientos de procesos de lucha de carácter local, centrados en problemáticas concretas de cada empresa, que impulsaron a miles de trabajadores a su propia organización. Las distintas fracciones de la burguesía y las clases medias consolidadas en el seno del régimen franquista vivieron este proceso como una amenaza para sus intereses.

En la base de todo este proceso de la nueva institucionalización y legitimación del poder se encontraba la confrontación de dos estrategias sociopolíticas, que se definieron como antagónicas, defendidas por aquellos sectores sociales que pugnaron por la ruptura con el régimen y aquellos otros que optaron por su reforma, esto es, «de la ley a la ley». En el ámbito estatal fueron constituyéndose diferentes plataformas u organismos de coordinación política antifranquista. El 29 de julio de 1974 se creó la Junta Democrática Española y el 11 de junio de 1975 la Plataforma de Convergencia Democrática y, de la fusión de ambas, el 26 de marzo de 1976, surgió la Platajunta en las que se integraron gran parte de los partidos que actuaban en el espacio político vasco, a excepción del PNV que, no obstante, mantenía relaciones con todas ellas, en busca de una óptima posición para futuras negociaciones.

En Catalunya se formó, en marzo de 1966, la plataforma denominada «Taula Rodona» que, en noviembre de 1971, dio paso a la formación de la Asamblea de Catalunya. Las dinámicas de lucha antifranquista desarrolladas en Euskal Herria definieron en este territorio unas características organizativas diferentes, de tal manera que la izquierda independentista comenzó a organizarse de manera estable, a partir de agosto de 1976, en torno a la Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS). El 21 de julio de 1976 se conformó el «Movimiento de Alcaldes», emulando la movilización municipalista de 1931.

Este era el contexto político en el que se impulsó la «cumbre vasca» de partidos para debatir sobre una estrategia de negociación ante el Estado y las condiciones exigibles para poder concurrir a las elecciones estatales de junio de 1977. La iniciativa corrió a cargo de Telesforo Monzón y las reuniones, seis en total, se celebraron en Txiberta entre los días 24 abril y el 23 de mayo de 1977. Durante el transcurso de estas conversaciones, se produjo la segunda semana pro-amnistía (8-16 mayo) en el que se produjeron siete muertes, cinco de ellas directamente a manos de la Policía Armada y Guardia Civil. Con la escisión de la mesa de Txiberta se escenificó el desacuerdo entre los defensores de las estrategias rupturista y reformista, que quedaría expresada por el propio Telesforo mediante la sentencia: «Señoras y señores, no se puede seguir adelante con la cabeza agachada. Si con los partidos no se puede concertar unidad, tendremos que hacerlo con el pueblo, ¿no?».

Las elecciones de junio del 77 dibujaron una correlación de fuerzas institucionales en la que la estrategia reformista era cuantitativamente mayoritaria. A pesar de ello, las fuerzas sociopolíticas rupturistas de Euskal Herria coincidieron en hacer una lectura cualitativa distinta de esta misma realidad, basándose en las múltiples experiencias de lucha obrera desarrolladas en las empresas y la enorme participación social en las grandes movilizaciones del momento (semanas pro-amnistía, contra la represión, las deportaciones, en contra de la extradición de Apala, Lemoiz, etc.). Todas ellas concordantes con los postulados rupturistas.

La «Marcha de la Libertad» (10 de julio-28 de agosto de 1977), uno de cuyos modelos de referencia fue la «Marcha» celebrada en Catalunya en 1976, respondió a esta lectura de la realidad, a un modelo de confrontación con el Estado basado en la movilización social y unos objetivos políticos pendientes de resolución y, en consecuencia, materia de futuras negociaciones en clave de país: amnistía total, reconocimiento de la identidad nacional vasca, estatuto de autonomía y la disolución de los cuerpos represivos. «Askatasunaren Ibilaldia» concitó una importante participación sociopolítica (aunque con la notable ausencia del PNV), superando incluso la composición inicial de los participantes de la mencionada «cumbre vasca» de 1977.

No obstante, el hostigamiento y agresiones que sufrieron –a manos de la Guardia Civil, la Policía Armada y la CRS– las cuatro columnas que recorrieron Euskal Herria y los concentrados en las campas de Arazuri, el 28 de agosto de 1977, definieron el cierre definitivo de la estrategia de alianzas rupturista debatidas en las reuniones de Txiberta y el inicio de un nuevo ciclo de confrontación entre los proyectos sociopolíticos reformista y rupturista en Euskal Herria. Una confrontación entre un Estado que había conseguido articular en torno a sí un «consenso» de intereses múltiples (que había causado más de una decena de muertos y cientos de heridos en los meses precedentes por participar en diferentes actos en favor de la amnistía y las libertades vascas), y el sector de la población vasca que optó por un método de intervención política basado en la movilización social y la organización sociopolítica popular. La Marcha de la Libertad fue una gran demostración de esto último y sus consecuencias se harán sentir en el desarrollo sociopolítico de las siguientes décadas.