Pasado el ecuador de la legislatura, el nuevo curso político en Nafarroa se presenta cargado de proyectos de ley. Las grandes normas que se discutirán y aprobarán este año buscan modificar sustancialmente el sistema clientelar construido por UPN. Destaca el nuevo reparto de poder entre las instituciones locales y el Gobierno foral, fundamentado en la autonomía local. La distribución del poder va acompañada por un sistema de reparto de los recursos más transparente, de forma que evite el uso del dinero público con fines clientelares. Otras reformas propuestas inciden en la racionalización administrativa y en acompasar la estructura institucional a los cambios sociales. Así, por ejemplo, se reescribirá el Fuero eliminado conceptos sexistas o se establecerán canales para la participación de la ciudadanía en el control de la acción de gobierno.

El amplio abanico de proyectos da muestra de la ambición de las fuerzas que lideran el cambio para acometer el proceso de desmontaje de la penosa herencia recibida y para afianzar la transformación en parámetros democráticos. Grandes retos que, como toda gran transformación, no está exenta de amenazas. Desacuerdos más o menos puntuales y con mayor o menor importancia serán azuzados desde el exterior y pondrán a prueba la altura de miras y la perspectiva estratégica de las fuerzas del cambio. En esa tesitura conviene situar el bien común por encima de consideraciones más o menos programáticas.

Por otra parte, siempre existe el riesgo de que el cambio no cuaje por desidia. Una tradición muy hispana es la de mantener la letra pero pisotear el espíritu de las leyes. El conde de Romanones la formuló en una famosa frase: «Hagan ustedes las leyes que yo haré el reglamento». Para evitar que la burocracia y la negligencia terminen por desfigurar los términos de la transformación propuesta, es importante que la sociedad civil se mantenga involucrada y activa. En juego está la profundidad del cambio.