El próximo 15 de octubre se cumplirá un año desde que una pelea a altas horas de la noche en Altsasu acabase con el tobillo de un guardia civil roto. Hechos por los que tres jóvenes permanecen en prisión y por el que un total de ocho altsasuarras están imputados en la Audiencia Nacional española, enfrentando peticiones fiscales que suman un total de 375 años.

El escándalo no es nuevo, pero cuantos más elementos comparativos afloran, más crudo se muestra el despropósito del montaje construido en Altsasu. Es lo que ocurre con los datos del propio Ministerio del Interior español, según los cuales en todo el Estado hubo 8.364 detenciones por «atentado a la autoridad, sus agentes o sus funcionarios públicos» solo durante el año 2016. El número de casos registrados es todavía mayor: 9.571. Es decir, durante el año pasado se denunciaron de media 26 casos de «atentados a la autoridad» al día. Y si bien no hay que olvidar que la existencia de la Ertzaintza y la Policía Foral condiciona las cifras, cabe destacar que el índice de agresiones a las FSE es notablemente inferior en Hego Euskal Herria que en muchos otros territorios del Estado.

Y sin embargo, solo el caso de Altsasu –a pesar de que el juzgado de Iruñea defendió su competencia– ha saltado a la AN bajo el siempre indefinido capote de la legislación «antiterrorista». Manoseado, pervertido y estirado como un chicle hasta límites insospechados, el concepto de «terrorismo» y toda su arquitectura jurídico-mediática se han convertido en cajón de sastre para abordar cualquier conflicto surgido en Euskal Herria. También en freno al nuevo tiempo abierto en este país tras la decisión de ETA de dejar las armas. Aplicar la legislación antiterrorista –y desatar toda la cadena de sufrimientos que genera– a un caso tan ordinario y común como el de Altsasu no es, en definitiva, sino la mayor (y más dolorosa) muestra de la cerrazón y la ceguera de determinados estamentos estatales que, sin duda, vivían más cómodos en el ciclo anterior.