El miércoles la junta de accionistas de La Naval decidió solicitar el concurso de acreedores ante el agotamiento de los plazos y la ausencia de nuevos inversores que se hagan cargo del astillero. Ayer el comité de empresa afirmó públicamente su compromiso con la continuidad de la compañía y la defensa de los puestos de trabajo. También recordó la responsabilidad del Gobierno de Lakua en la búsqueda de nuevos inversores y en el control de los actuales propietarios, cuya gestión, por otra parte, valoró muy negativamente.

Siempre se ha atribuido interesadamente al sector público una capacidad de gestión económica mucho peor que a la iniciativa privada; sin embargo, cada vez son más los ejemplos que desmienten esa visión profundamente ideológica y uno de ellos es, precisamente, el de La Naval. Los astilleros son uno de los pocos sectores productivos que cuenta con ayudas públicas, en teoría prohibidas en la UE, las conocidas como tax lease. No obstante, no han sido suficientes para evitar que el astillero vasco llegara a una situación crítica. La mera existencia de subvenciones públicas encubiertas confirma el carácter estratégico de la construcción naval, toda vez que induce una importante actividad auxiliar y vertebra el tejido productivo. Atendiendo a su naturaleza estratégica sería totalmente lógico que pudiera ser gestionado desde el sector público. A pesar de que este tipo de soluciones no están bien vistas desde la UE, en algunos países, como el Estado francés sin ir más lejos, se mantiene un importante sector público con la gestión de actividades que allí consideran estratégicas.

Evidentemente la gestión pública necesita de un control social y una participación directa por parte de los trabajadores para evitar que las empresas públicas sean utilizadas por los partidos políticos, como ha ocurrido a menudo en Euskal Herria, como plataformas para pagar favores y colocar a sus afines. Pero fortalecer el sector público es básicamente una cuestión de voluntad política.