Con urnas y censo, el referéndum llega vivo a la víspera del 1-O
Ayer acabó la campaña más atípica que haya conocido nunca referéndum alguno, con grandes incógnitas sobre la jornada de mañana. El censo (5,3 millones de personas) y las urnas llegan con vida, igual que las amenazas de un Estado que tiene la maquinaria policial y judicial engrasada. De cómo la decida utilizar depende la suerte del 1-O.
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Son de plástico, llevan impreso el escudo de la Generalitat, tienen una tapa negra e irán cerradas con bridas; cada una con un número de serie. El domingo habrá 6.249 en toda Catalunya, o al menos así lo intentará la Generalitat. Hablamos de las urnas, el tesoro mejor guardado del Govern. La Guardia Civil las ha buscado por toda Catalunya, pero a falta de solo un día para el 1-O, todavía no las ha encontrado. El ejecutivo catalán se marcó ayer un tanto nada despreciable –un thug life en toda regla– al acabar una rueda de prensa extraordinaria anunciando que querían «enseñar una cosa». Evidentemente, era la urna. El gato Silvestre resopló.
Nada es normal en este referéndum, empezando por el centro de prensa privado en el que el Govern dio ayer dos ruedas de prensa. 10 euros cuesta entrar. Ninguno de los periodistas allí presentes había pagado jamás por acudir a una comparecencia. «Cosas más raras hemos tenido que hacer para lograr este referéndum», confesaba fuera de los micrófonos un alto cargo de la Generalitat. Pese al cansancio, la imagen que transmiten los dirigentes catalanes es la de quien está llegando a la meta con vida. No es poco. Hace 10 días la Guardia Civil estaba entrando en consellerias y deteniendo a altos cargos del Govern. Hoy solo falta un día para el 1-O, hay urnas y hay censo. No es un plebiscito ordinario, pero sigue siendo un plebiscito vivo.
La pregunta es si llegará igualmente vivo a las 20.00 de mañana, momento en el que se cierran las urnas y se inicia el recuento, según marca la Ley del Referéndum. De momento, ayer el Govern trató de dar toda la confianza posible, y el Estado infundir todo el miedo a su alcance, incluido el cierre del espacio aéreo de Barcelona para helicópteros y drones.
¿Un Plan B disponible?
¿Qué va a ocurrir si la Policía impide la apertura de los colegios electorales? Es la pregunta que flota en el aire, y para la cual el vicepresident, Oriol Junqueras, tiene una respuesta que ayer repitió en numerosas ocasiones: «Aunque cierren un colegio, todo el que quiera votar tendrá opción de hacerlo». Dio a entender así que existen planes alternativos. Realidad o farol, mañana lo veremos.
Sobre todo si la Policía cierra finalmente centros de votación. ¿Ocurrirá? ¿Qué cuerpo policial lo hará? Ahora mismo hay más preguntas que respuestas sobre la jornada de mañana. Según las filtraciones sobre las órdenes transmitidas por el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, la Policía catalana tratará de impedir la apertura de los colegios, pero no empleará la violencia. Es decir, en términos generales, allí donde la cantidad de gente presente haga imposible un desalojo sin el empleo de la fuerza, es poco probable que los Mossos actúen, más allá de levantar la pertinente acta.
De hecho, la pugna por los colegios empezó ayer mismo, primero con el llamado de los Comités de Defensa del Referéndum constituidos en algunos barrios y ciudades, al que finalmente se unieron la ANC y Òmnium Cultural –tienen el reportaje de Ion Telleria en la página 6–. Desde Escoles Obertes, la iniciativa para mantener abiertos los centros electorales, ayer pidieron llenar de actividades de todo tipo los colegios, como modo de asegurar que el domingo sigan abiertos.
A la espera del Estado
Más o menos clarificadas las instrucciones que tienen los Mossos, la siguiente cuestión es saber qué órdenes tienen los 10.000 guardias civiles y policías españoles desplegados en Catalunya estos días. De esas órdenes dependerá el transcurso de la jornada de mañana. El tono de ayer en Moncloa fue el habitual. Ya no repiten que no habrá referéndum con la rotundidad de hace dos semanas, pero las amenazas son las mismas. «Los responsables de esta situación responderán ante los Tribunales de forma personal y patrimonial», prometió el portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo. «El único diálogo que tendrá Puigdemont será con la Justicia», remató la ministra Sanidad, Dolors Montserrat.
También se sumó a la fiesta de la amenaza la Agencia Española de Protección de Datos, que amenazó con multas de entre 40.000 y 300.000 euros a aquellos que ejerzan de presidentes de las mesas electorales. La amenaza es grave, por supuesto, pero no hace ni una semana que el Estado aseguraba que mañana, 1 de octubre, no iba a haber ni una sola mesa electoral constituida.
Apuntes del día
Participación al alza
No son los mejores tiempos para la demoscopia, pero las encuestas siempre marcan tendencias. Ayer Eldiario.es publicó una en la que anuncia una participación del 63%. Lo más interesante, sin embargo, es que apunta un aumento de 600.000 votantes respecto al sondeo de hace dos semanas.
Por tierra, mar… y las redes
El TSJC ordenó a Google que elimine la aplicación del referéndum. La Guardia Civil se presentaba a última hora en el Centre de Telecomunicacions y Tecnologías de la Informació, donde ya entraron la semana pasada (más información en NAIZ).
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