La abrupta salida a escena de Felipe de Borbón anoche confirma que el Estado español, no solo el Gobierno, está asustado, muy asustado. Y con motivos. Nadie tiene una respuesta que pueda satisfacer en estos momentos a la mayoría social catalana, a la que cada actuación de Madrid ha encabronado (perdón por la precisión malsonante del verbo) cada vez más. Repasemos: en el origen, «cepillado» del Estatut, recurso ante el TC tras ser refrendado por la ciudadanía y suspensión de artículos que son legales en los estatutos de Andalucía y Comunidad Valenciana; en medio, falta de cualquier diálogo; y en las últimas semanas, suspensión del referéndum, detención de altos cargos de la Generalitat, imputación del 75% de los alcaldes, ocupación con refuerzos de las FSE, persecución de material electoral, bloqueo de internet y, finalmente, esas cargas policiales contra votantes que han dado la vuelta al mundo.

El Gobierno del PP y los partidos de la oposición tienen entre manos una patata caliente con la que no saben qué hacer. Así que, bien a petición del PP o bien por iniciativa propia, ha sido el jefe del Estado –y de sus ejércitos– quien la ha cogido y marcado el terreno.

La comparecencia de Mariano Rajoy el domingo tras el cierre de las urnas en Catalunya evidenció una huida hacia adelante, una preocupante fuga de la realidad. Con un discurso altisonante, sin ninguna referencia a lo que ese día todo el planeta había visto, pretendía ocultar su falta de alternativas o soluciones a lo que ya solo cabe definir como una revolución interclasista en Catalunya.

Y ahí seguía ayer, sin precisar si va o viene, si sube o si baja, si iba a aplicar el 155 o a mandar por delante a los tribunales. Sorprendió que el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, se mostrara ayer reacio a la aplicación del 155 sin el apoyo del PSOE, a pesar de contar con mayoría absoluta en el Senado. «Vamos a ver cómo evoluciona la situación para aplicar las medidas más oportunas», añadió. Después explicó que si el 155 lo adopta una sola fuerza política, «difícilmente tendrá el respaldo de la mayoría de la sociedad catalana». «No es bueno tener prisa», dijo. Pero quizá solo fuera para despistar. O para hacer tiempo a la espera de que el Rey preparara el terreno.

El acento durante toda la jornada se puso en magnificar las protestas ante las instalaciones de las fuerzas de ocupación en Catalunya: «Total apoyo a las FCSE, que están defendiendo la legalidad y los derechos de todos en Cataluña», escribió el presidente a través de Twitter. Habrá que ver si con ello van sembrando la excusa para una actuación de fuerza aún mayor. Escuchando al Borbón no cabe excluir nada.

Precisamente la salvaje intervención de las FSE en los colegios electorales fue ayer punto de fricción entre el PSOE y el Gobierno de Rajoy. La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Margarita Robles, anunció la presentación de una iniciativa en el Congreso con la que pretende la reprobación de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, como responsable de las instrucciones que dieron lugar a las cargas con «centenares de heridos».

El portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, calificó de «muy irresponsable» y «muy inoportuna» la iniciativa. Pero conviene no engañarse: a nadie se le oculta que, si no va a más, ese es un ring limitado en el que ambos contendientes pueden pelearse sin hacerse demasiado daño. Lo lógico, como dice Unidos Podemos, sería que el PSOE no se parara en la vicepresidenta a la hora de exigir responsabilidades y fuera a por la cabeza de Gobierno. Pero, ¿qué respuesta tiene Pedro Sánchez para Catalunya? ¿Qué iba a hacer si llegara ahora a La Moncloa?

Así que el movimiento del PSOE tiene mucha más apariencia que fondo. De hecho, ya hay ministros, exministros y fiscales reprobados, sin ningún efecto práctico.

Por ahora, y el discurso del Rey terminó de confirmarlo, el PSOE sigue insistiendo en su decidida apuesta por ponerse del lado del Gobierno en «la defensa del Estado de Derecho». Dice que no le gusta el 155, pero no le hace ascos a la intervención del TC inhabilitando a cargos políticos, lo que abunda en eximir a los políticos de responsabilidades, difiriéndolas todas a los tribunales. Un truco muy Rajoy.

Unidos Podemos ha convocado hoy en el Congreso a los grupos que participaron de la Asamblea de Zaragoza, para buscar soluciones, «abrir caminos constituyentes» y apostar por la mediación internacional, como propone Carles Puigdemont. El problema es que los participantes en esta mesa pueden denunciar y proponer, pero no pueden decidir. En definitiva, es un ejercicio bien intencionado pero impotente.

Indecisión, indeterminación e impotencia; el Estado español está metido en un buen lío y su monarca parece querer solventarlo acelerando en la curva, a riesgo de llevarse todo por delante o de terminar derrapando.