El juicio por la quíntuple violación de sanfermines arranca el 13 de noviembre. Durará nueve días. A la redacción de Iruñea nos iba a tocar cubrirlo y ese era un deber que asumía con profesionalidad y repugnancia como el lado oscuro de mi trabajo. Pensar en escuchar el relato de la víctima o en las imágenes de los vídeos rebasa los límites de mi estómago. No concibo que haya gente que quiera conocer detalles más allá de lo necesario. Por suerte, la juez ha decretado que todo sea a puerta cerrada. Pienso que hace bien. Aunque temo que no será suficiente.

La decisión de la Audiencia me evitará bajar físicamente a la alcantarilla, ya que obliga a narrar lo que acontezca diariamente por boca de los abogados. Y supone una dificultad añadida a la difusión de grabaciones, etc. Ojalá que ese tabique sea insalvable. Lo dudo. Sé que los vídeos corren por ahí. Desconozco si son policías pagando favores o algún abogado de la defensa comprando a medios para que publiquen detalles que quiebren la unidad solidaria de la opinión pública en favor de esa –casi– niña de 18 años. Y el mismo asco me da. Lo que sí sé es qué periódicos, webs, televisiones y periodistas los publican –así como que los los tienen a cambio de algo–. Pobre chica convertida ahora en moneda de sucios cambalaches. A veces, no hace falta descender a la alcantarilla para estar rodeado de mierdas.

Hay informaciones que solo deben saber los abogados, la juez y la chica. Los periodistas somos traficantes de información y lo sabemos. Pero algunos de nosotros no tienen escrúpulos. No los compres.