Llibertat, amnistia i estatut d’autonomia. Con esta rítmica triada nació, tal día como ayer en 1971, la Assemblea de Catalunya, plataforma antifranquista de amplísimo espectro. Las vueltas que da la vida: casi medio siglo después vuelve a ser vigente aquel clandestino programa de mínimos acordado en la iglesia de Sant Agustí, en el Raval. En este convulso 2017 catalán, el lema se proyecta como base del acuerdo más amplio posible ante el horizonte del 21D; el paraguas contra el 155 y contra la represión española capaz de cobijar también a los comuns y a todas las fugas del PSC.

Ayer acabó el plazo para que los partidos registrasen coaliciones. No lo hicieron. Aunque no están en boca de nadie, sigue habiendo fórmulas para presentar una lista unitaria hasta el 17 de noviembre –fecha en la que todas las candidaturas deben estar ya presentadas–, pero nada indica, a día de hoy, que ERC, PDeCAT y CUP estén dispuestos a acordar la candidatura unitaria que ayer, desde Bruselas, el president, Carles Puigdemont, volvió a reclamar. También lo hizo, a través de un breve comunicado, la ANC.

«No tenemos alternativa a ir todos juntos», insistió en los micrófonos de Catalunya Ràdio un Puigdemont que ya no esconde el despecho hacia las instituciones de la UE –habló de «élite eurocrática»– y que ayer recibió el calor de dos centenares de alcaldes catalanes desplazados hasta la capital belga. Pero el eco de los discursos belgas apenas llega a una Barcelona donde los partidos han cambiado sus bases de operaciones: con los despachos de la Generalitat literalmente ocupados por los hombres de negro del Estado y el Parlament disuelto, las formaciones políticas han regresado a sus sedes, donde más difícil es abstraerse de las tentaciones partidistas, siempre presentes a lo largo del proceso soberanista.

Así, se va imponiendo de momento la idea de un frente común con listas separadas. Es decir, una fórmula en la que cada partido presente su candidatura pero en la que todos compartan diversos puntos del programa. La libertad de los presos políticos y la recuperación de las instituciones catalanas –ecos de la Assemblea del 71– son la base común que aspiraría a obtener el apoyo de más de dos tercios del electorado. A esos ejes los partidos puramente independentistas podrían sumar la reivindicación de la República declarada el 27 de octubre. Una medida que convertiría el 21D en un nuevo plebiscito y que, al mismo tiempo, podría activar los mecanismos del Estado hacia una posible inhabilitación de las candidaturas que incorporen dicho punto.

Resolver el debate

Pero antes deberá resolverse definitivamente el debate sobre la lista unitaria. Al margen de los cálculos partidistas, siempre presentes, en el seno del independentismo también se debate sobre la fórmula para el 21D en términos de conveniencia estratégica. Y es que existe una contradicción que no tiene solución sencilla.

Hay voces que defienden que, por separado, marcando cada formación su perfil ideológico, el independentismo obtendría mejores resultados que acudiendo juntos. Sin ir más lejos, recuerdan, Junts pel Sí no tuvo el éxito esperado. De forma paralela, acudir a las urnas por separado, como en unos comicios ordinarios, contradice aparentemente el relato de excepcionalidad con el que el independentismo quiere impregnar todo el camino hasta el 21 de diciembre. De hecho, apunta también contra la vigencia del Govern de Puigdemont como ejecutivo legítimo de Catalunya, ya que todas las encuestas auguran que Oriol Junqueras o, en su defecto, Marta Rovira serían los vencedores de la contienda y relevarían a Puigdemont. Suena duro, pero asumirían la presidencia, precisamente, gracias a las elecciones impuestas por Madrid.

La contradicción es evidente pero no insalvable –como el caso del propio Puigdemont recuerda, el president no tiene por qué ser el candidato más votado–. Del mismo modo, el debate sobre la fórmula para el 21 de diciembre es inevitable. La base social independentista, sin embargo, reclama que, entre tanto bandazo, el escenario se aclare. Hoy volverá a salir a la calle, ya sea siguiendo a los llamados de huelga general o a los de parón de país –depende de qué convocatoria se siga, más información en la página 7–.

Llegan los hombres de negro

Mientras tanto, a los despachos que hace apenas dos semanas ocupaban los consellers ahora presos o exiliados llegaron ayer los primeros funcionarios del Estado enviados por Moncloa. Se había asegurado que el 155 no implicaría el desembarco de funcionarios estatales, pero ayer la Casa de los Canonges, histórico edificio contiguo al Palau de la Generalitat y sede de la Conselleria de Exteriores –cuyo titular, Raül Romeva, está encarcelado en Estremera–, vio cómo cruzaba sus puertas Juan Fernández Trigo, nombrado nuevo responsable del área.

El control de las instituciones catalanas por parte de funcionarios españoles ya tiene efectos directos sobre la actividad diaria. Entre otros aspectos, se deja notar, y mucho, en la lengua empleada en la Generalitat, ya que los nuevos superiores, instalados en Madrid, exigen que los informes sean redactados en castellano y no en catalán, como hasta ahora.

Ayer el ministro de Justicia, Rafael Catalá, declaró que la aplicación del artículo 155 acabará tras las elecciones del 21 de diciembre, pero el portavoz de su partido en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, negó la máxima: «Si el independentismo vuelve a las andadas tras las elecciones, habrá un nuevo 155». De hecho, añadió un aviso para navegantes no solo catalanes: «Ahora hemos desarrollado este artículo y sabemos cómo aplicarlo en Catalunya o en cualquier comunidad que violente la Constitución». Una advertencia que el Ministerio de Hacienda reforzó a su manera, interviniendo las cuentas del Ayuntamiento de Madrid.

De hecho, en Hacienda tuvieron un día hiperactivo ayer, ya que también denunciaron al Govern, a la ANC y a Òmnium por los gastos que supuso la organización del referéndum del 1-O. Lo hizo ante el Tribunal de Cuentas, el mismo que pide más de 5 millones a Artur Mas por la consulta del 9N.

La crónica judicial se completó con la decisión de la Sala Penal de la Audiencia Nacional española –cuatro votos contra uno– de confirmar la competencia de la jueza Carmen Lamela para juzgar por sedición a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Todo podría cambiar, sin embargo, si el Supremo acabase asumiendo todas las causas por el proceso, un run-run que suena con fuerza también en ambientes que defienden el 155 pero ven en la AN un peligro para la imagen exterior de España. Ayer el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, dejó abierta esa puerta.

Profesores imputados por el 1-O

Ocho profesores de un instituto de la Seu d’Urgell (Lleida) siguen estando imputados por un «delito de odio» después de declarar ayer ante un juez. El presunto delito que se les imputa consiste en sacar a debate el referéndum del 1 de octubre en sus respectivas clases.

Montoro desembarca también en Madrid

Igual que hizo hace dos meses con las finanzas de la Generalitat, el Ministerio de Hacienda decidió ayer intervenir las cuentas del Ayuntamiento de Madrid, encabezado por Manuela Carmena (Podemos). El techo de gasto ha sido el pretexto para tomar el control de la economía municipal.