Los lemas «Presos políticos, libertad» y «Fuera okupas de las consellerías» se corearon con fuerza ayer tarde en la Plaza de Sant Jaume de Barcelona, ante la sede central de la Generalitat, para denunciar la situación que provoca la aplicación del artículo 155 de la Constitución y el paralelo encarcelamiento de la mitad del Govern.

La novedad de la movilización estribaba en que esta vez eran funcionarios de la Generalitat los concentrados, junto a diferentes sindicatos y a las entidades civiles ANC y Òmnium Cultural. En el manifiesto leído en el acto, reiteraron su confianza en las instituciones legítimas.

Precisamente el president exiliado en Bruselas, Carles Puigdemont, ha remitido una carta en la que les agradece «vuestro apoyo y coraje» y denuncia que «quieren conseguir vía Consejo de Ministros lo que no logran a través de las urnas».

Recursos: no desobedecieron

La posición ante el 155 es foco de atención también en los recursos que están presentado los gobernantes legítimos de Catalunya contra su encarcelamiento. Desde Madrid su actitud se intenta vender como un «acatamiento» en un nuevo intento de sembrar contradicciones entre el independentismo, pero sin lograrlo. El portavoz del PDeCat en el Senado, Josep Lluís Cleries, resumió así la situación: «Hacen lo que se ha de hacer, salir de la cárcel. Han de estar en la calle trabajando por su país, que es su compromiso».

Los recursos inciden en realidad en la evidencia de que el Govern legítimo no se atrincheró en el Palau de la Generalitat frente a ese 155, algo que como se está explicando tenía como objetivo principal regatear la amenaza estatal de aplicar una «violencia extrema».

En formaciones unionistas, por cierto, sí hay desavenencias en torno al polémico artículo. Así, finalmente el PSOE ha dejado en un cajón las propuestas de sanciones a José Montilla (expresident de la Generalitat) y Francesc Antich por haberse ausentado de la Cámara Alta cuando se producía la votación.

La ejecución de ese 155 se está rodeando de notable secretismo. A petición del PSOE, el Gobierno español dijo ayer que comparecerá en el Congreso a inicios de diciembre para dar detalles. Pero Margarita Robles (PSOE) se quejó de que lo haya encargado a un responsable de escasa entidad, el secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro.

Por los presos

Mientras, las movilizaciones por los presos políticos se incrementan. El sábado 2 de diciembre se anuncia un gran concierto en el estadio de Montjuïc, con capacidad para 60.000 espectadores, con entradas a diez euros para llenar la caja de solidaridad y «mantener la llama encendida en esta situación excepcional». El antecedente cercano es el Concert per la Llibertat de 2013, celebrado en el Camp Nou.

También ayer, los familiares de los quince perseguidos por su acción política (diez presos y cinco exiliados en Bélgica) presentaron una plataforma que activa la solidaridad económica.

Un juez pide identificar a los policías del 1-0 por las cargas

Desde Madrid hay investigaciones abiertas contra los Mossos por presunta pasividad en el referéndum del 1 de octubre, pero en Barcelona existe también una iniciativa en sentido contrario. El juez que investiga las cargas ha pedido a la Policía española que identifique a los agentes que actuaron en cada uno de los colegios, donde hubo más de 900 heridos. Quiere saber el número de policías que actuó en cada sitio, las funciones de cada uno de ellos y el número que llevaban en el uniforme. También ha pedido a la Delegación española en Catalunya un informe sobre las instrucciones «orales y escritas» que recibieron.

Este juez tiene igualmente en sus manos la querella del joven Roger Español, que perdió la visión en un ojo por una pelota de goma disparada por la Policía española a las puertas de la escuela Ramon Lull de Barcelona, donde resultaron heridas 19 personas. En la misma se considera posible identificar al autor del disparo y dos mandos por los números que llevaban en la vestimenta, siempre claro está que la Policía española los identifique.GARA