Mas allá de lo evidente, resulta difícil entender por qué el PNV y el PSE han cedido ante el PP en su exigencia de una reforma fiscal regresiva. Sin entrar al error de lo que supone en materia fiscal y socioeconómica –las razones las dieron en su momento no Helena Franco o Yanis Varoufakis, sino Pedro Azpiazu, Idoia Mendia y… Unai Rementeria–, es una muestra de debilidad política.

Rehenes por intereses y voluntad propia

El PP es el defensor del neoliberalismo en la política vasca. Lo es, además, de manera desacomplejada y despiadada, castiza. Eso no quiere decir, evidentemente, que esa concepción del capitalismo no tenga más agentes en nuestras instituciones, ni mucho menos. Dentro del entramado institucional autonómico, tanto en el PNV como en el PSE, hay personas que defienden los intereses corporativos de las élites y promueven políticas que benefician a unos pocos y se desentienden de los problemas de la mayoría. Eso se traduce en políticas públicas e inversiones mal enfocadas y en un tejido asistencial, tanto público como comunitario, que no se corresponde con nuestro nivel general de bienestar. Es decir, que muestra una preocupante desigualdad social, precisamente el indicador que la crisis ha disparado y que afecta sobre todo a los sectores más desfavorecidos: mujeres, jóvenes, desempleados de larga duración y pensionistas. A ellas y ellos, directa o indirectamente, esta reforma solo puede castigarles más.

También es evidente la sintonía que Lakua tiene con la patronal –que en el caso vasco representa particularmente mal al tejido productivo vasco–, y su aversión al sindicalismo más reivindicativo –las pocas veces que Iñigo Urkullu ha perdido los nervios en público han sido al enfrentarse a protestas sindicales–. Pero sea desde una ética cristiana o desde una genealogía republicana y sindical, casi nadie en ese mundo es capaz de sostener, al menos dialécticamente, políticas de abandono de la gente o de usura. Incluso el macronismo jelkide bizkaitarra rebaja su tono gerencial con humanismo new-age.

No solo eso. Luego están las cuentas. Y tal y como señalaba Pedro Azpiazu antes de tragar con la reforma fiscal en sentido contrario al que él defendía, o se logran los fondos para sostener el gasto social o se debe recortar ese gasto. Y esto casa mal con el relato del buen gestor y del cortafuegos vasco respecto a las dinámicas políticas y socioeconómicas de Madrid.

Sin embargo, pese a ello y pese a estar solo en la defensa pública de esas políticas neoliberales –con el apoyo necio de UPN en el caso navarro–, el PP logra alterar la agenda con rebajas de impuestos, condiciona el debate sobre la migración y en consecuencia aborta el demográfico, establece criterios de inversiones ajenas y contagia el fatalismo sobre la austeridad. No solo como delegado colonial, sino como agente político, el PP manda en Euskal Herria por encima de sus posibilidades. ¿Por qué? Porque le dejan. Sea por cobardía o por intereses, sea por comodidad o por falta de perspectiva, es porque el PNV y el PSE le dejan. No contento con gobernar con la minoría unionista, el PNV ha cedido el derecho a veto a la minoría de la minoría. Sus votos tienen el valor que ellos les conceden al negar toda alternativa. Alternativas que son reales y viables.

El PNV es hábil al gestionar estas contradicciones, pero la disciplina de partido no aminora el daño al país. La gente que más tiene pagará menos y la derrama la pagarán los que ya pagan de más. Ni se reinvertirán ganancias, ni se creará empleo ni se subirán salarios. Se promueve el rentismo y así se empobrece a la sociedad vasca; de manera estable, eso sí.

Sacar las políticas del carril central del país

Sin ánimo exhaustivo, sociológicamente la sociedad vasca es básicamente socialdemócrata, bastante influenciada por el cooperativismo y otras formas de comunitarismo, con tendencia a la izquierda y no obstante un tanto conservadora. Ahí se maneja el PNV, aunque en parte le desagrade. Por eso también, no solo por su negacionismo de la realidad vasca ni por su raíz autoritaria, el PP es el último partido en los territorios vascos. Porque solo defiende los intereses de la minoría y del Estado. Incluso si se desea pactar con ellos, hay que hacerlo desde posiciones de fuerza, no serviles.

La fiscalidad es un debate de país y como tal debe responder a los intereses de la mayoría, no a los de una minoría. Que en una sociedad progresista se establezcan impuestos regresivos y en clave metropolitana es otra forma de intervención, indirecta pero igual de dañina.