La vista por la agresión quíntuple relatada por una joven en los sanfermines de 2016 terminó ayer. Conociendo a los tres magistrados que iniciaron ayer sus deliberaciones, la sentencia tardará unos meses en llegar. A buen seguro, será una sentencia larga, sesuda y muy argumentada tanto si fallan en un sentido como en otro. La Sección Segunda fundamenta muy bien sus decisiones y toda la Audiencia Provincial de Navarra se juega mucho en esta causa, la más mediática que juzga en décadas. Casi es seguro que habrá recurso de defensa o de acusación y que todo acabará en el Supremo. Lo que buscan los jueces navarros es que ese eventual recurso no mueva una coma, pues eso prestigiaría la propia Audiencia.

La determinación de si lo que ocurrió en el portal de la calle Paulino Caballero número 5 constituyó una agresión sexual o no es un asunto jurídicamente espinoso. Y así lo plasmaron las defensas ayer, con mayor o menor acierto, en sus alegatos finales. La voz cantante la llevó el abogado de los tres acusados que van juntos, Agustín Martínez Becerra, que demostró que se maneja dentro de la sala mejor incluso que en los platós televisivos.

Las defensas se agarraron a frases de la declaración de la joven denunciante ante la sala para tratar de desmontar su testimonio. A preguntas de uno de los tres jueces que presiden la vista sobre cómo los acusados pudieron ser conscientes de que la estaban forzando, la joven contestó: «No hablé, no grité, no hice nada. Ellos lo pueden interpretar como que estoy sometida o como que no». Así lo narró el abogado Martínez Becerra, que aportó el minuto y el segundo en el que se produjo la frase.

Esta manifestación de la denunciante fue esgrimida para contrapesar el argumento de la fiscal sobre que los cinco se colocaron en una postura de «ignorancia deliberada», que es un concepto jurídicamente consolidado y que les incrimina. La fiscal sostuvo que el hecho de que una mujer «no diga que no» no significa que no exista violación. «No dijo que no, porque ellos no le preguntaron nada. Y no le preguntaron, porque sabían que diría que no», manifestó la fiscal. De ahí que la afirmación de la joven de que los presuntos agresores pudieron interpretar una cosa o la contraria permita a las defensas solicitar el in dubio pro reo (ante la duda, el acusado debe ser absuelto).

Otro de los elementos en los que se refugia la defensa está en la narración sobre cómo se produjo la entrada al portal. Ella siempre defendió que la metieron agarrada de ambos brazos, pero los abogados de las defensas consiguieron que matizara sus declaraciones hasta anular por completo cualquier atisbo de violencia e incluso consiguieron que cambiara la terminología de «agarrada» a «cogida».

Ante la ausencia de violencia física, la denuncia de violación se sustenta en el uso de la intimidación. Las acusaciones basan este empleo de la intimidación en la abrumadora superioridad numérica, física y de edad (el mayor de los acusados le sobrepasa en nueve años). Pero tampoco hubo amenazas y también en este punto las defensas consiguieron que la joven dijera cosas como que «no sentí intimidación cuando entré en el portal». «¿Dónde está la violencia? ¿Dónde la intimidación?», se preguntaba ayer el abogado Martínez Becerra.

Tumbar todas las periciales

Pese a que la declaración de la joven parece que no fue la mejor –la testifical no fue pública, por lo que no puede saberse con certeza–, los testigos y las pruebas periféricas sí que ponen en aprietos a los acusados.

Martínez Becerra defendió que deberían ser anuladas todas por considerarlas «viciadas de origen» y realizadas bajo la premisa de que había agresión. Según sus tesis, los 11 policías forales y 13 agentes de la Policía Municipal siempre creyeron a la joven, por lo que no fueron objetivos.

Las defensas aseguraron que el informe de las sicólogas forenses en las que se determina la existencia de estrés postraumático tampoco resulta válido. Así, subrayaron que el estrés pudiera derivarse de «una experiencia sexual que no fue lo suficientemente satisfactoria».

De largo, el informe pericial que más preocupa a los acusados es el análisis de los vídeos de lo sucedido que realizó la Policía Foral. Dicho informe, de unas 200 páginas, analiza las imágenes fotograma a fotograma y los peritos de las defensas no lograron tumbarlo. Cabe recordar que los agentes de policía trabajaron sobre ellos durante muchísimos días, pero que esos archivos de vídeo no salieron nunca del despacho del juez instructor por miedo a una filtración a la prensa. Alfonso Sanz Cid, el perito de parte, los visionó durante una hora y media, y no pudo rebatir a los analistas policiales.

Martínez Becerra aseguró que ese informe ya no vale nada, puesto que los jueces vieron las grabaciones con sus propios ojos. Jesús Pérez, abogado del guardia civil acusado, fue más allá y anunció que si los jueces sustentaban la sentencia en dicho informe, solicitaría la nulidad del juicio. Y todo, porque los forales manifestaron su convencimiento de que los vídeos retratan una agresión sexual.

La última pericial discutida fue la de los forenses que vieron a la joven en el hospital, pues el examen corporal y ginecológico no detectó lesiones. Los médicos determinaron que las marcas eran compatibles con una agresión sexual, pero también con una relación consentida. Las defensas expusieron que, debido a las características de la agresión denunciada, la ausencia de lesiones resulta extraña.

En busca de un móvil creíble

También salió a relucir el hecho de si la joven supo o no que la habían grabado. El último día de práctica de prueba, la Policía municipal que tomó declaración a la denunciante cuatro horas después de los hechos contestó a preguntas de uno de los abogados que la joven le manifestó que sabía que la habían grabado. Es la única testigo que refiere esto y, además, no consta en el acta (pese a que los vídeos constituyen un delito y pudieran haber servido para localizar a los presuntos agresores). Sobre esta afirmación, las defensas construyeron la teoría de que la joven denunció como violación lo que fue sexo consentido por miedo a que los vídeos acabaran en redes sociales.

El abogado del guardia civil, además, desarrolló una teoría en la que comparó los sanfermines con Magaluf y un lugar que concita un turismo de desenfreno. Acusó al Ayuntamiento de querer «matar moscas a cañonazos», forzando la persecución de los acusados.

Pérez llegó a aseverar que todo el servicio de atención a la víctima, la rápida actuación policial y traslado a comisaría, así como los trabajadores sociales que arroparon a la denunciante acabaron forzando a la joven a presentar una denuncia irreal. Dicho letrado acabó su alegato dirigiéndose a la prensa y siendo reprendido.