El programa de Junts per Catalunya orbita sobre un único punto: el regreso de Puigdemont y la restitución del Govern «ilícitamente» destituido vía 155. De momento le está funcionando para dar la vuelta a las encuestas y situarse en la pugna con ERC por el liderazgo en el bloque independentista. Algo que, de rebote, puede desembocar en la victoria electoral –al menos en votos– de Ciudadanos, convertido en aspiradora de indecisos en el bloque del 155. Paradojas de la campaña electoral más extraña que se recuerda en Catalunya.

Para lograr dicha restitución, el mismo president reclama «no asumir el marco mental del 155» y rechazar cualquier escenario que no sea el de volver a la situación anterior a la suspensión de la autonomía. Pero una cosa es el marco mental y otra la realidad de un president y cuatro consellers en el exilio, un vicepresident y otro conseller en la cárcel de Estremera y los restantes seis miembros del Govern en libertad condicional. Aunque el juez Llarena retiró la euroorden de detención y entrega antes de recibir un revés por parte de la Justicia belga, la orden de detención sigue vigente en el Estado español, por lo que, en estos momentos, Puigdemont sería detenido tan pronto como cruce los Pirineos. ¿Acudirá, sin embargo, a tomar posesión de su acta de diputado y, si los números lo permiten, ser investido president?

Es la gran pregunta que todo periodista insiste en hacerle cada vez que tiene ocasión de dirigirse a él, cosa no del todo sencilla por motivos obvios. Ayer la Agència Catalana de Notícies (ACN) ofreció una oportunidad para ello, a través de una teleconferencia en la que se le pudo preguntar durante una hora.

«Correr el riesgo»

El discurso de Puigdemont sobre su regreso es algo confuso, ya que asegura que volverá a Catalunya si el Estado español reconoce los resultados del 21D. ¿Qué implica, para el president, ese reconocimiento? Dos cosas. Primera: «Aceptar los programas ganadores y, si hay mayoría independentista, ponerse a su disposición». Segunda: «Retirada inmediata de una causa que es una fantasía judicial». Es decir, que el Estado retire las acusaciones contra los dirigentes independentistas.

No parece que eso vaya a ocurrir, menos cuando la carpeta ya no está encima de la mesa del Gobierno, sino en el despacho de un juez. Una cosa es insistir en la denuncia sobre la ausencia de separación de poderes, y otra olvidar que cada instancia tiene sus ritmos y su lógica particular. La pregunta siguiente, por tanto, sale casi sola: ¿Volverá aunque no haya garantías sobre su futuro?

Junts per Catalunya está basando su remontada en esta promesa –votar a Puigdemont para garantizar su restitución–, pero el president sigue siendo algo ambiguo al respecto. «Utilizaré las situaciones que más favorezcan mi defensa», dijo ayer en un momento. En otro, sin embargo, se refirió por primera vez a la posibilidad de volver y ser arrestado: «Quizá merece la pena correr el riesgo de ser investido y automáticamente detenido por las mismas ideas que me hacen president».

¿Y el plan B?

No lo hay, al menos públicamente –tampoco hay grandes indicios de que exista de forma confidencial–. Ayer Puigdemont fue tajante al respecto: «Que nadie tenga dudas, si la decisión del Parlament es que se me invista como president, eso no tiene plan B». «No se nos tiene que interpelar a nosotros sobre cómo lo haremos, sino al bloque del 155 sobre si lo respetarán», añadió.

Y aquí es donde difieren los discursos de las dos principales fuerzas independentistas. Las formas entre JxCat y ERC se mantienen, pero la campaña los aleja. Los primeros no quieren oír hablar de nada que no sea la restitución de Puigdemont, mientras que los segundos, en un planteamiento más realista –que evidentemente también casa mejor con sus intereses–, buscan alternativas, alegando que una cosa es intentar restituir el Govern y otra hacer un planteamiento pragmático para recuperar las riendas de las instituciones catalanas.

Así, por ejemplo, Esquerra ha puesto encima de la mesa la propuesta de un doble Govern que funcione desde Bruselas con Puigdemont al frente, pero que tenga una estructura ejecutiva en territorio catalán, algo que el president volvió a rechazar ayer.

«Junts per Catalunya debería proponer un candidato alternativo a Puigdemont por si no puede ser investido», consideró al poco de salir de prisión el conseller de Justicia, Carles Mundó, de ERC. En esta línea, desde Estremera, Junqueras ya situó a Marta Rovira de presidenciable, si bien el partido no renuncia a que sea el propio Junqueras el que asuma el cargo. Un informe encargado por el propio partido al jurista Joan Vintró asegura que, al estar en prisión provisionalmente –es decir, al no haber una sentencia judicial–, Junqueras tiene el derecho de acudir al Parlament a recoger su acta de diputado y a ser investido president si cuenta con la mayoría necesaria.

Una gran mayoría

Fuera de micrófonos, lo que explican dirigentes de JxCat es que el objetivo es lograr un resultado cuanto más contundente mejor, capaz de poner en un aprieto al Estado español en el caso de que Puigdemont regrese con un gran saco de votos a sus espaldas. «¿Qué pesa más, los votos o las esposas?», preguntó retóricamente ayer Puigdemont, que tiene clara su idea-fuerza: las mismas ideas que lo pueden hacer presidente le pueden llevar a la cárcel.

Todo escenario queda, por lo tanto, a expensas de los resultados del 21D, sobre los que solo se puede especular y entretenerse viendo unas encuestas que tienen difícil adivinar la cifra de participación, que será la que realmente decantará la balanza hacia el independentismo o hacia la ingobernabilidad. Ayer se publicaron dos nuevas entregas del serial demoscópico a cargo de Eldiario.es y el periódico ilerdense “El Segre”. La primera dio a ERC por vencedora y la segunda a Ciudadanos, pero ninguna dio mayoría absoluta al independentismo. Ver venir. Ya se sabe que las encuestas son como la mortadela, todo el mundo se la come, pero nadie sabe de qué está hecha.

 

El Tribunal de Cuentas embarga la casa a Mas por el 9N

El Tribunal de Cuentas decretó ayer el embargo provisional del domicilio del expresident Artur Mas, aportado como depósito para cubrir la fianza de 5,2 millones de euros impuesta antes del juicio contable que tendrá lugar en este tribunal por los fondos públicos gastados por la Generalitat en la consulta del 9N.

La fianza fue impuesta tanto a Mas como a los exconsellers Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, así como al exsecretario general de Presidència Jordi Vilajoana. Tras varios llamados a la solidaridad, depositaron en dinero contante y sonante 2,9 millones de euros, por lo que el pasado 23 de noviembre aportaron varios inmuebles como garantía para cubrir los 2,3 millones de euros restantes.

Más de la mitad de la fianza exigida se refiere a los 3,1 millones de euros gastados supuestamente en ordenadores para las mesas electorales de la consulta celebrada en 2014, algo que los acusados rechazan, ya que esos ordenadores siguen en poder del Departamento de Educación, que los sigue utilizando a día de hoy. Alegan, por tanto, que no ha habido infracción contable.

El escándalo viene acrecentado por el hecho de que, durante el proceso penal a Mas por el 9N, en el que fue inhabilitado por dos años, la Fiscalía decidió finalmente no incluir el delito de malversación de fondos públicos, al considerar que todos los gastos del 9N fueron «comprometidos» antes de que el Tribunal Constitucional suspendiese la consulta.B.Z.