A quienes hayan seguido medios como GARA no les sorprenderán los datos de este reportaje; para muchas otras personas, por contra, seguramente constituirán una revelación macabra. Entre las muchas aportaciones de las casi 500 páginas del informe sobre la tortura encargado por Lakua destaca lógicamente la de cómo se torturó, en qué consistieron los maltratos, con números y porcentajes extraídos de los 4.113 casos censados. Una radiografía del horror que revela detalles especialmente sádicos como la utilización de amenazas con animales en cuatro casos, la imposición de masturbaciones forzadas en otros cuatro, los ocho episodios de tortura por aplastamiento o los nada menos que 465 en que se obligó al detenido a ver u oír los maltratos a otras personas...

En cantidad, por encima de ello sobresalen dos modos de tortura: el 69,8% de los casos detallados refieren golpes (casi todos ellos, el 65% del total, más concretamente «palizas»), y el 69,8%, amenazas. Este último bloque incluye simulacros de ejecución en uno de cada diez casos. Resulta voluminoso igualmente el porcentaje de «interrogatorios constantes» (52,3%) o de «privación del sueño» (31,2%).

Asfixia y violencia sexual

En menor cantidad pero de modo destacado aparecen en el estudio dos prácticas en las que es obligado detenerse: la asfixia y la violencia sexual.

Las técnicas de asfixia, bajo distintas denominaciones, son un clásico en esta lacra de la tortura a nivel mundial. En el periodo analizado (1960-2014) y en la CAV han sido aplicadas a una de cada cuatro personas detenidas, el 25%. El equipo del Instituto Vasco de Criminología diferencia la «asfixia seca» (más conocida como «la bolsa»), que alcanza un porcentaje del 19,5%, y la «asfixia húmeda» («la bañera»), sufrida por un 8,4% de las víctimas. Hay un 1,1% añadido de formas de asfixia «no especificadas».

La violencia sexual ha sido revelada en un 22,3% de los casos denunciados. Toma diferentes formas: desnudez forzada durante la incomunicación (18%), humillaciones sexuales de carácter verbal (10,3%), golpes en genitales (9,7%), tocamientos (5,4%), utilización de electrodos en los genitales (1,4%), introducción de objetos por la vagina (0,8%) o por el ano (0,9%)... Estos dos últimos ejemplos de violación han sido denunciados por un total de 36 personas.

Dado que cada caso está documentado exhaustivamente, se pueden extraer múltiples clasificaciones añadidas: por cuerpos policiales, por edades de los detenidos, por épocas... Esta última variable, por ejemplo, lleva a Paco Etxeberria y su equipo a constatar que en el apartado de violencia sexual en los años 80 y 90 se emplearon electrodos mientras desde el año 2000 sobresalieron los tocamientos, humillaciones o violaciones. En esa frontera temporal, dice el estudio, «se confirma un cambio cualitativo y una preocupación creciente que emerge en el relato de las denuncias por dejar menos señales físicas como hematomas»,

En su página 167, el trabajo certifica que «las mujeres, comparativamente con los hombres, soportaron más empujones y tirones de pelo, mayor utilización del ‘plantón’ [obligación de estar de pie], más asfixia seca con la bolsa, mayor exposición a distintas formas de violencia sexual (más desnudez forzada, más tocamientos, más humillaciones verbales y otras formas de violencia sexual), peores condiciones de detención (más exposición a ruidos constantes, deficiencias de higiene en el espacio), mayor exposición a impedimento de la visión a través del uso de capuchas u otros elementos, más humillaciones, más amenazas...». Por su parte, a los hombres se les aplicaron «más palizas, más sometimiento a posturas anómalas y forzadas y más golpes en los genitales que a las mujeres».

De electrodos a ruidos constantes

La antes citada utilización de electricidad como tormento la refiere el 8,3% de los torturados y torturadas. El estudio la cita junto a formas de maltrato como «uso de tabúes» (5,3%), drogas (2,4%), quemaduras (6%) o lesiones penetrantes (0,3%).

Entrando en otros datos del informe, en lo relativo al maltrato físico casi uno de cada cuatro personas torturadas detalla «tortura por posición» (imposición de posturas forzadas o extenuantes) y al 13,1% se le obligó a hacer flexiones. Entre las prácticas sicológicas, aparecen la «confusión con comportamiento contradictorio de los agentes de seguridad (benevolente o pretendidamente protector versus agresivo)» en el 22,8% de los casos, la «obligación de validar confesiones falsas» en el 20,7%, y, ya en menor medida, la aportación de información falsa, la oferta de beneficios por colaborar con los cuerpos policiales...

En cuanto a las condiciones de detención, al 18% de las víctimas se les obligó a estar desnudas, el 12,4% fue sometida a ruidos constantes, el 7,5% resultó castigado con higiene deficiente en la zona de arresto y el 7% padeció lo que se denomina como «estrés climático».

27,15 años de edad media

Aunque entre tantos casos aparecerán sin duda gentes de todas las edades, la edad media de la persona de la CAV víctima de tortura en estas más de cinco décadas es notablemente baja: 27,15 años. Y llama la atención que el 2% del total era menor de edad cuando sufrió los tormentos.

Por procedencia geográfica, es la población de Gipuzkoa la más castigada, dado que casi la mitad de los casos (49,3%) corresponden a vecinos y vecinas de este herrialde. El 38% son vizcainos y el 7,6% alaveses. Está pendiente un trabajo similar en Nafarroa.

En cuanto a los cuerpos policiales responsables, el dato ya se remarcó el lunes, con la presentación de este informe, primero oficial relativo a la tortura: a la cabeza de este ránking macabro están Guardia Civil y Policía española casi empatados (43%), mientras a la Ertzaintza le corresponde un 8,1% de los casos, es decir, 336. La Policía autonómica también incomunica menos que las españolas tomando exclusivamente los 4.113 casos del estudio: 79,3% frente a 96,5% de la Policía española y 96,4% de la Guardia Civil.

Protocolo de Estambul a 202 casos

El lunes en Donostia, Etxeberria apuntó que quizás nunca en ningún sitio se haya aplicado el Protocolo de Estambul, creado para medir la credibilidad de los testimonios de tortura, a tantos casos: 202 (un informe presentado en Madrid en 2014 recogía 45).

Tras explicar profusamente cómo se articula el protocolo y cómo se ha desarrollado en esta investigación, el resultado final obtenido es el siguiente: el 5,9% de los casos ha sido valorado como «de máxima consistencia», el 41,1% como «muy consistente», el 48,5% como «consistente»&flexSpace;y únicamente un 4,5% (9 de los 202) se revela «inconsistente».

Para llegar a obtener esta nota final, en función de este Protocolo de Estambul adoptado por la ONU en el año 2000, no solo se mide el «relato de presunta tortura», sino las reacciones sicológicas producidas, los informes médicos o forenses, la congruencia entre la descripción de hechos y las emociones con que son expresados, el diagnóstico clínico, los cambios funciones posteriores (trabajo, estudios, relaciones...) atribuibles a los hechos, los cambios de personalidad generados... Así, en el desglose se percibe que el 98,5% de los casos son relatados de forma consistente, el 86,5% muestran congruencia entre la descripción de hechos y las emociones con que se expresan y el 83,2% han dejado secuelas igualmente congruentes. Pero, por contra, únicamente en el 13% existen informes médicos o forenses que acrediten el testimonio.

En los casos que finalmente son declarados «inconsistentes», el informe matiza que ello no implica necesariamente que sean falsos, sino que simplemente pueden ser tipificables no como tortura sino como uso excesivo de la fuerza.

Como se observa, la realización de este informe pionero del Instituto Vasco de Criminología ha requerido la intervención de un amplio equipo multidisciplinar: forenses, sicólogos, administrativos... Su director, Paco Etxeberria, apuntó en la presentación que han terminado participando de una u otra forma unas 50 personas. Para cumplimentar el encargo del Gobierno de Lakua se han empleado unos tres años.

 

AI DENUNCIA LA IMPUNIDAD Y eh BILDU CRITICA EL NEGACIONISMO

Amnistía Internacional cree llegada la hora de «acabar con el círculo vicioso de la impunidad» tras este informe, cuya exhaustividad destaca, tanto por el trabajo realizado como por la aplicación del Protocolo de Estambul. Precisa a qué se refiere con la alusión al círculo vicioso: «No solo es difícil que las denuncias sean atendidas, sino que muchos de los informes forenses son deficientes, y cuando se lleva a cabo una investigación, hay muchas probabilidades de que los responsables sean indultados, y vuelta a empezar». La ONG recuerda las recomendaciones que emitió en setiembre, y que comienzan con la demanda al Gobierno estatal de un reconocimiento público de la tortura.

En la esfera política, EH Bildu consideró «inaceptable» que el PSE continúe en el Gobierno de Gasteiz tras negar la tortura. Para Maddalen Iriarte, la reacción de este partido «debería haber significado automáticamente una crisis de gobierno, pero lo que vimos en la comparecencia del señor Erkoreka fue un intento de banalizarlo». El portavoz de Lakua admitió ayer en Radio Euskadi que le sorprendió la reacción del PSE el lunes y destacó que fue emitida antes incluso de presentarse el informe, pero descartó de modo tajante que el tema vaya a repercutir en Lakua.GARA