La «Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco 6/2015, de 30 de junio, de medidas adicionales de protección medioambiental para la extracción de hidrocarburos no convencionales y la fractura hidráulica» no prohibe el fracking, como asegura la nota informativa del Tribunal Constitucional, sino que –como se recoge en el voto particular de 3 de los 12 jueces– lo regula de forma precisa y exigente, en defensa del medio ambiente. La norma fue ejemplo de colaboración entre colectivos populares, la sociedad y los grupos parlamentarios. La plataforma Fracking Ez presentó en el Parlamento una iniciativa legislativa popular apoyada por 103.589 firmas y los partidos trabajaron para darle una redacción que, en principio, pudiera sortear los vetos que el TC estaba planteado a otras leyes autonómicas similares.

Sin embargo, ni la redacción garantista de los artículos ni que el propio PP hubiera apoyado su aprobación, evitaron que el Gobierno de Mariano Rajoy la recurriera y que el TC haya sido fiel a su trayectoria de darle siempre la razón, anulando la columna vertebral de la ley vasca. Pese a que la excusa puesta por el Ejecutivo español sea el de la invasión competencial, lo que en realidad reivindica es poder seguir imponiendo sus prioridades económicas y sus alianzas con intereses privados a instituciones autonómicas que pretenden proteger su territorio del fracking.

El fallo del TC anula las limitaciones al fracking, pero en ningún caso obliga a su utilización. El detalle no es menor teniendo en cuenta que el PNV se abstuvo en la aprobación de la ley y que la consejera Arantxa Tapia se ha mostrado defensora de poder investigar las posibilidades gasísticas del subsuelo vasco y probar nuevas técnicas de fractura hidráulica. Hasta ahora decía verse frenada por la ley ahora anulada. Cabe esperar que el Gobierno de coalición de Urkullu siga haciendo caso a la mayoría del Parlamento de Gasteiz, contraria al fracking, y no a las decisiones del TC dictadas por los intereses del Ejecutivo de Rajoy.