En la última sesión de la Mancomunidad de Enirio-Aralar se debatió un único punto: petición a la Sociedad de Ciencias Aranzadi para que presentase su reciente estudio sobre Aralar. Siete representantes votaron a favor de realizar dicha petición y otros siete en contra. Uno de los que votó en contra fue el alcalde de Ordizia, que a su vez es presidente de la Mancomunidad, y gozando de los privilegios de este último título rompió el empate y decantó la votación de acuerdo a sus intereses. En otras palabras, siete representantes de la Mancomunidad no han querido divulgar el estudio de Aranzadi, han negado la posibilidad de hacer pública la información de dicho trabajo, y han despreciado y subestimado a la prestigiosa sociedad de ciencias. Parece que ha vuelto la época de la censura.

Por otra parte, respaldan su postura argumentando la necesidad de democracia y de respeto hacia los resultados de votaciones previas. Pero, ¿es democrático que el alcalde de Ordizia imponga su voto personal en las votaciones de la Mancomunidad, a pesar de estar gobernando en minoría y no tener el apoyo de la oposición? Y en cuanto a los demás, ¿es democrático anteponer los intereses particulares de cada uno y dejar de lado los intereses de la sociedad?