La reciente sentencia del Tribunal Constitucional español que anula la ley navarra que garantizaba el derecho a la atención sanitaria para todas las personas, independientemente de su situación administrativa, supone un ataque muy grave contra el derecho a la salud y, en general, contra los derechos humanos. Segrega y estigmatiza a los migrantes en situación irregular en un tema básico como es la salud. Es, ante todo, una cuestión de humanidad.

Además, afecta a una política pública de Sanidad rigurosa y sensata, porque desde un punto de vista puramente médico acrecenta los riesgos en vez de limitarlos. Tampoco resulta inteligente desde una perspectiva económica, porque el ahorro directo que podría suponer semejante discriminación no garantiza un descenso en el coste general de estos servicios públicos. Su impacto es residual y el ahorro también lo sería, mientras que el coste humano y social es terrible.

Incluso aparcando por un momento cuestiones éticas, económicas o médicas, desde el puro cálculo se trata de una medida necia, porque ataca a un sector de la población que demográficamente va a ser crucial para la viabilidad de nuestros sistemas.

En términos políticos, dinamita el gran consenso que existe en nuestra sociedad en materia de derechos e igualdad, supone una injerencia indefendible y establece una capacidad de veto sobre los acuerdos políticos adoptados por las instituciones que afecta a las normas democráticas más básicas en un estado de derecho. En última instancia, condiciona el derecho a la salud y restringe constitucionalmente el concepto de ciudadanía.

Las sentencias de ese mismo tribunal sobre las leyes contra la pobreza energética, por ejemplo, establecen un patrón peligroso que hay que vigilar y denunciar. Responden a una visión políticamente autoritaria y moralmente despiadada.

Evidentemente, esta visión se inscribe en una corriente reaccionaria de la que los poderes del Estado español son un nodo privilegiado y desacomplejado. Es el marco y la agenda que ha liderado el PP de Mariano Rajoy. Hace pocos días el Consejo de Europa situaba a sus dirigentes Xavier García Albiol y a Javier Maroto como tristes ejemplos de políticos xenófobos, alertaba de que sus discursos propician «sentimientos racistas» y consideraba que deberían ser penalizados. En ambos casos ocurrió lo contrario, que fueron promovidos y ascendidos. En ambos casos sus posiciones son divergentes con las mayorías sociales que, tanto en Euskal Herria como en Catalunya, apuestan por ensanchar libertades y derechos, no por cercenarlos.

No obstante, no cabe la autocomplacencia. Esa corriente es poderosa, tiene capacidad de arrastre social y deja una fuerte resaca que debilita valores centrales de nuestra sociedad, como son la igualdad, la solidaridad o la justicia. Hay que acertar a combatirla.

Ciudadanía y oferta política

Euskal Herria vive un proceso de cambio, de debates de país para lograr nuevos acuerdos sociopolíticos con perspectiva estratégica y que atiendan a los retos de futuro. Al definir las características de esta nueva fase histórica, el debate sobre el concepto de ciudadanía resulta crucial. No puede quedarse en un ámbito solo teórico, tiene que tener como base esos consensos labrados a través de nuestras luchas históricas y sus resultados prácticos. Tiene relación directa con nuestra cultura política y democrática. Afecta a nuestras políticas públicas y a nuestra identidad colectiva.

El proceso de construcción de la identidad es complejo, supone una negociación continua, una lucha constante. Está sujeto a balance y debe desarrollarse en base al debate libre y a decisiones democráticas. Por eso es importante que la ciudadanía vasca entienda que medidas como la discriminación en el ámbito de la sanidad, de la educación o de los servicios sociales no son cuestiones que solo dañan a ese 1%, 5% o 20% más desfavorecido y castigado, sino a toda la sociedad vasca.

¿Qué mejor identidad que ser un pueblo que atiende a quienes tienen problemas, que busca la igualdad, que garantiza derechos para todas las personas, que es solidario, que trata a las personas como personas, en definitiva, que cuida de su ciudadanía? ¿Qué mejor Estado que aquel que lo garantiza democráticamente y qué peor que el que lo imposibilita por ley o por la fuerza?

Hannah Arendt consideró, entre otras cosas, que ciudadanía es «el derecho a tener derechos». Coincide en este punto con el que debería ser el principio rector de esta nueva fase histórica, la garantía de todos los derechos para todas las personas, y que debería vertebrarse precisamente en torno al concepto de ciudadanía.