Todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Bilbo firmaron ayer el Pacto por la Seguridad ciudadana propuesto hace meses por el alcalde, Juan Mari Aburto. El documento establece las directrices en materia de seguridad que seguirá el Consistorio y por primera vez se da prioridad a la prevención frente al clásico concepto coercitivo de represión a posteriori. Resta importancia al casco y a la porra para enfatizar otros aspectos como la acción comunitaria, la cercanía, la participación y la superación de situaciones de exclusión económica y social.

Es evidente que la muerte violenta de tres personas en diciembre y enero en Bilbo ha aumentado la controversia social sobre las cuestiones de seguridad y, en la misma medida, ha crecido la presión sobre los grupos políticos para que llegarán a un acuerdo. Pero también es cierto que ha habido una postura flexible desde el Gobierno de PNV-PSE, que ha recogido aportaciones de los grupos de la oposición haciendo posible este compromiso. Como la mayoría de documentos eclécticos que concitan unanimidad, en el texto hay luces y sombras que se irán aclarando en la medida que el acuerdo se vaya desarrollando. No obstante conviene valorar en sus justos términos el hecho de que el enfoque securócrata de poner el acento en el aumento del número de agentes y en la estructura exclusivamente policial pierda peso a favor de las políticas preventivas que buscan incidir en las causas que provocan esa falta de seguridad, dedicando especial atención a la educación, a la capacitación y al apoyo a los colectivos más vulnerables.

La movilización de ertzainas frente al Parlamento de Gasteiz la semana evidenció la necesidad de abordar las cuestiones de seguridad y de modelo policial desde otros presupuestos, en consonancia con una cultura democrática que ponga énfasis en el servicio público, en la protección de los derechos y las libertades. El acuerdo alcanzado ayer en Bilbo muestra que hay camino para ello.