La política catalana sigue estancada en una charca con 155 tiburones disfrazados de sapos y ranas presumidas. Me cuesta entender que un individuo, en compañía de otros, un juez y su Fiscalía, pueda decidir quién puede ser elegido President de la Generalitat. Doce miembros de un Tribunal, el Constitucional para ser más exactos, acabaron con un proceso estatutario hace unos años. Hoy es un juez del Tribunal Supremo el que decide si alguien pude acudir a defender su programa de gobierno. Alguien que está procesado, sí, pero que no está juzgado, por lo que tiene todos sus derechos civiles en regla. ¿O no? Pues parece que no. O parece que depende. La ruta de los juzgados es un recorrido imaginario que dibujo el deambular de unos adictos a los considerandos, a las detenciones, medidas cautelares, togas y puñetas.

Está pasando como en Italia hace unos años, pero justo al revés. La derecha corrupta entendió perfectamente lo sucedido allí y en vez de esperar que llegase una oleada política regenerativa desde los jueces, han decidido judicializar la poca iniciativa política que tienen, para tener todo bajo control de todos los estamentos de la judicatura y la fiscalía. Es una paradoja de alto contenido autoritario. Una constante y meditada afrenta a la separación de poderes, es decir, el retrato de una dictablanda posmoderna y digitalizada. Pero esto son palabras mayores que no tienen mucho eco. Lo importante para mantener el equilibrio son las menores, las que parecen autónomas. La economía, por ejemplo, con cambio de ministro para mantener la misma ruta hacia la desigualdad, la desmovilización, la proletarización de todos los rubros del sistema productivo básico, menos ellos, los de la pomada, los de arriba como se dice ahora.

Eso sí, Montoro, de parte de M. Rajoy está intentando calmar a los funcionarios con subidas salariales. ¿Cuántos funcionarios existen en todas las administraciones que nos rodean? Un buen nicho de votos.