La marea de pensionistas en las calles ha reabierto el debate sobre el sistema injusto actual de las pensiones, que solo se nutre de las cotizaciones sociales, muy vulnerable a lo que ocurre en el mercado laboral y la demografía. La lucha en la calle reactiva la necesidad de pensiones públicas dignas. Se puede.

Con la reforma laboral del PP, la superprecariedad y los «miniempleos» cotizan poco o nada, y los salarios, en general, han caído de manera importante. Es decir, hay un trasvase de beneficios directos hacia la élite empresarial, pero no hacia el sistema público de pensiones, de Seguridad Social. Unido a diferentes reformas que desde 1985 han reducido la pensión e incrementado los años para acceder a una, más la implantación por parte del Gobierno del PP de una subida del 0,25% en vez de la referencia del IPC, que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) dejó de pagar, imponiendo la congelación, la merma se agudiza.

De hecho, con los datos de febrero, tomando como referencia el umbral de pobreza que establece Elkartzen, en Hego Euskal Herria 295.232 pensionistas –el 43,28% del total– son pobres.

En cambio, se potencian los planes y fondos privados de pensiones por medio de desgravaciones o deducciones fiscales, que reducen los ingresos a las arcas públicas. En esta decisión PNV, PSOE y PP van de la mano.

El patrimonio de los fondos privados de pensiones desde 2008 hasta el 2017 ha aumentado en un 41,67%.

La pensión debe ser pública y digna. Hay riqueza suficiente. Que rasquen a quien tiene.