Filipinas cerró ayer por orden de su presidente, Rodrigo Duterte, la isla de Boracay, uno de sus principales atractivos turísticos, que quedará vedada a los visitantes por un periodo de seis meses para poder limpiar sus contaminadas aguas, con un impresionante despliegue de seguridad que incluyó a policías armados con rifles.

El cierre comenzó pasada la medianoche con la prohibición de que los turistas abordaran el ferry que es la principal forma para llegar a la isla, oficialmente cerrada al turismo aunque sus establecimientos permanezcan abiertos. Durante estos seis meses sólo los residentes con una carta de identificación podrán abordar el ferry a la isla, donde residen unas 40.000 personas

Unos 600 agentes, incluidos a policías antidisturbios, fueron desplegados para evitar cualquier incidente, aunque el Gobierno admitió que no había una amenaza real.

«Parece que estuviéramos en guerra», declaró el miércoles por la noche Jessica Gabay, vendedora de una tienda. «Parece que las autoridades están haciendo esto para provocar el miedo para que la gente siga las reglas», indicó.

La proliferación de algas en el agua producto de los vertidos incontrolados al mar, el habitual desborde de los sistemas de desagüe y la acumulación de basura llevaron en febrero a Duterte a calificar Boracay de «cloaca» y más tarde ordenar su cierre por seis meses para renovar desagües, vertederos y calzadas, y demoler «estructuras ilegales». Según el Ministerio de Medio Ambiente, 195 establecimiento y 4.000 particulares de la isla no están conectados a los sistemas de alcantarillado y vierten directamente al mar.

Ayer por la mañana, la Policía comenzó a patrullar las playas para vigilar el cumplimiento de la prohibición de nadar, a excepción de un área delimitada. Los botes tienen prohibido navegar en un radio de tres kilómetros alrededor de la isla y sólo los habitantes de Boracay podrán pescar en sus aguas.

La comunidad de Boracay acudió a la Corte Suprema para intentar evitar el cierre temporal de su única fuente laboral. El sector turístico advirtió que el cierre de la isla pone en peligro 17.000 empleos. La isla recibió en 2017 casi dos millones de turistas que generaron 1.000 millones de dólares para la economía filipina.