«¡Es hoy! Más tarde lanzaremos la precandidatura de Lula a la Presidencia de la República» en un acto electoral que se iba a celebrar en Minas Gerais, escribió en Twitter la presidenta del PT, Gleisi Hoffman. «Brasil ya fue feliz con Lula y será feliz de nuevo», proclamó.

Hoffman reiteró el jueves desde el Senado su llamamiento a las actuales autoridades brasileñas para que liberen a Lula da Silva, que esta semana ha cumplido dos meses en prisión. «Soltad a Lula. Si no lo soltáis, el caos social va a aumentar», auguró, según informó el diario local “O Globo”.

Da Silva fue condenado a nueve años y medio de prisión por el juez federal Sergio Moro, una pena que fue elevada a doce años y un mes por un tribunal regional en segunda instancia por los delitos de corrupción pasiva y blanqueo de capitales por aceptar un tríplex de lujo en Sao Paulo a modo de soborno.

El exdirigente sindical ha agotado prácticamente la segunda instancia y solo le queda acudir a los altos tribunales –el Supremo y el Constitucional– para revertir la condena. Una vez firme, su condena impedirá que pueda competir en las elecciones presidenciales.

Mientras tanto, el PT puede inscribir a Lula da Silva y, en caso de que no se lo permitan, podrá acudir al Tribunal Electoral para que éste tome una decisión. Si consiguiera el estatus de candidato, el proceso judicial seguiría su curso. Y, si finalmente la Justicia da la razón a Moro, los votos que hubiera recibido serán anulados.

Ley sancionada por Da Silva

Según un análisis jurídico publicado ayer por el diario “Folha de Sao Paulo”, una ley que endurece las penas por corrupción y que fue sancionada por Da Silva en 2003 es la misma que lo tiene cumpliendo hoy 12 años de prisión en una celda adaptada para él en la sede de la Policía Federal en Curitiba.

La ley 10.763 endureció las condenas establecidas para delitos conocidos como de «cuello blanco» –de 8 a 12 años de prisión– y, para el caso específico de los relacionados con corrupción. Y puede verse aún más afectado por esta ley, según el análisis, debido a que también señala que la progresión del régimen se condiciona a la «devolución del producto del ilícito practicado».

Lula, que lidera todas las encuestas de intención de voto, también sancionó la ley de la «ficha limpia», en 2010, que hoy es un obstáculo para sus aspiraciones. Según esta, los condenados en segunda instancia están impedidos para postular como candidatos.