El presidente Sánchez anunció su disposición a cambiar la política carcelaria hace diez días en televisión, lo reafirmó anteayer en presencia de la mismísima Angela Merkel en Berlín y ayer ofreció la primera concreción de sus planes. Fue en una conversación informal con periodistas en Madrid, pero ello no resta credibilidad al anuncio porque esos denominados «corrillos» son la fórmula usada habitualmente por los presidentes españoles para transmitir informaciones de interés. Sin micrófonos ni cámaras delante, Sánchez apuntó que los primeros traídos a Euskal Herria o acercados serán presos mayores de 70 años o enfermos graves.

Sigue sin haber calendario, pero el presidente español sí detalla que se hará desde Instituciones Penitenciarias (sin esperar por tanto a decisiones judiciales) y apunta que requiere «mucho trabajo técnico» previo.

Según los datos aportados por fuentes como Etxerat, Jaiki Hadi o Euskal Presoen Batzordea de Sortu, en el bloque al que la literalidad de las palabras de Sánchez hay en la actualidad casi 25 presos, casi todos enfermos graves. Existe una decena de nombres cuyos casos son públicos y que se encuentran alejados en distintos puntos del Estado, desde Algeciras a Galicia. Son los que se recogen en el mapa adjunto. Pero el colectivo médico Jaiki Hadi ya ha alertado en sus últimas comparecencias de que existen también otros diez casos al menos con graves dolencias, entre ellas cáncer, que prefieren que no trasciendan pero son bien conocidas por la Administración penitenciaria.

De esos nombres públicos, Josetxo Arizkuren está en Murcia pese a sus problemas coronarios; Mikel Arrieta, con problemas degenerativos vertebrales, en Algeciras; Garikoitz Arruarte (espondilitis anquilosante), en Almería; Manu Azkarate (cavernoma de la vena forta), en Alcalá; Joseba Borde (cáncer), en Curtis-A Coruña; Jagoba Codó (espondilitis anquilosante), en Castelló; Iñaki Etxeberria (problemas de visión), en Topas-Salamanca; Gorka Fraile (cáncer), en Badajoz; José Ramón López de Abetxuko (problemas cardíacos y otros), en Villabona-Asturias; y Mikel Otegi (ha sufrido infartos), en Valdemoro. En cárceles vascas están solo dos de ellos: Txus Martín y Aitzol Gogorza, además de Ibon Iparragirre en un centro de Arrasate. Y en el Estado francés, Ibon Fernández Iradi en Lannemezan.

En cuanto a los presos de edad avanzada, según los datos de ‘‘KaleraInfo’’ hay tres mayores de 70 años que siguen entre rejas: Joseba Arregi en Villena-Alacant, Santi Arrozpide en Topas-Salamanca, y Sebas Etxaniz, en Villabona-Asturias. No obstante, otra veintena ha superado los 60, y en algunos casos ya con dos décadas de prisión acumulada. Fuentes del Ministerio del Interior precisaron a Europa Press que en este bloque de presos que pueden ser acercados habría entre una y dos decenas de personas, por lo que se estaría contemplando no solo a quienes superan los 70 –como explicitó Sánchez–, sino 60 ó 65.

Valorarán la pena cumplida

Paralelamente a las palabras de Pedro Sánchez fue el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien amplió algunos de los criterios que manejan. Además de insistir en que todo el proceso será individual y ajustado a la ley, añadió que junto a la edad y el estado de salud se evaluarán su actitud en la prisión y el volumen de «la pena cumplida».

Lo indicó en los pasillos del Congreso tras intervenir en la sesión de control al Gobierno. Y aprovechó la ocasión para hacer dos recordatorios al PP, fuerza que pone ciertos reparos al cambio de política penitenciaria. En primer lugar le dijo que lo que el Ejecutivo Sánchez tiene en mente en ningún caso suponen «beneficios»&flexSpace;(como sería la concesión de terceros grados) sino la aplicación de legalidad ordinaria. Y en segundo, que el proceso será individual, contrariamente al «traslado colectivo» que el Gobierno de Aznar llevó a cabo en la segunda mitad de los años 90.

En cuanto a fechas, el ministro indicó que es imposible determinarlas por ahora dado que primero hay que estudiar la situación de cada prisionero. Cabe matizar aquí, en cualquier caso, que fuentes fiables revelaron cuando aún gobernaba Mariano Rajoy que Instituciones Penitenciarias estaba ultimando informes sobre la situación de unos 40 encarcelados, de cara a medidas de este tipo.