Una noticia tan inquietante como absurda ha vuelto a remover la cuestión de la atención sanitaria universal en Nafarroa. ‘‘Diario de Navarra’’ revelaba hace unos días que la Delegación del Gobierno español en Nafarroa ha llevado a los tribunales el sistema alternativo organizado por el Ejecutivo navarro tras el veto del Tribunal Constitucional a la ley foral de 2013. Resultaba inquietante, porque con ese procedimiento se está garantizando desde hace cuatro meses el derecho a la salud de casi 5.700 personas. Y absurdo, porque el mismo Gobierno del PSOE que ha canalizado este recurso aprobó a finales de julio un decreto ley que garantiza la atención sanitaria a todas las personas, tengan o no papeles, revirtiendo así los vetos del Ejecutivo Rajoy.

La Delegación española en Nafarroa, titulada ahora por José Luis Arasti, explica que encontró ese recurso preparado sobre su mesa al tomar el relevo a Carmen Alba (PP), y que no tenía más opción que tramitarlo. Así, la impugnación ha sido trasladada a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Aplicando la lógica, se podría entender que el recurso queda superado por el decreto ley estatal o que debería terminar retirándose (al estilo de lo que se vaticina con la ley de abusos policiales de la CAV). Pero es bien sabido que una vez en los tribunales, el desenlace de cualquier litigio es ya imprevisible.

Desde el Departamento de Salud que dirige Fernando Domínguez se apunta a GARA que entienden que el recurso «no tiene efecto práctico porque el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado ya mediante real decreto la universalidad de la asistencia sanitaria», pero admiten en paralelo que «su aplicación práctica está pendiente de concretar».

Añaden estas fuentes que «desconocemos si se retirará el recurso». Por el momento no ha habido contactos entre el Departamento navarro y la Delegación estatal para abordarlo.

Lo que sí ha tenido que hacer ya Salud ha sido remitir al TSJN todo el expediente administrativo relativo al recurso, como le había solicitado el juzgado.

Muertes y riesgos

El sistema implantado en Nafarroa el pasado mes de abril para garantizar la atención sanitaria a estos miles de personas se basa en la exención del pago «por razones sociales». Y se justifica recordando que en caso contrario «se abocaría a este colectivo hacia una situación de especial vulnerabilidad, riesgo vital y desigualdad, y tendría efectos indeseables en la salud colectiva». No son afirmaciones hechas en el aire; informes posteriores que han analizado los tres años de veto del PP calculan el aumento del índice de mortalidad entre inmigrantes en un 15%, lo que se traduce en 70 muertes más al año, perfectamente evitables al derivarse de una decisión política.

La exclusión impuesta por el Gobierno Rajoy en estos seis años ha hecho que muchos «sin papeles» dejen de acudir a los servicios sanitarios incluso en situaciones críticas. En Nafarroa esa situación ha sido combatida de dos formas sucesivas. Primero mediante la Ley Foral 8/2013 (impuesta al Gobierno de UPN por la entonces mayoría en la oposición), que acabó anulada por el Tribunal Constitucional tras el recurso de Mariano Rajoy que la declaraba incompatible con la legislación estatal. Y después, mediante el acuerdo de Gobierno Barkos del pasado 6 de abril, impugnado ahora.

El Ejecutivo navarro tomó esta decisión de atender a los inmigrantes «sin papeles» por una cuestión de derecho humano a la salud, pero lo hizo combatiendo además tanto el discurso del ahorro económico como el que reduce este problema al ámbito individual.

Así, en entrevista a GARA el pasado mes de marzo, el director general de Osasunbidea, Luis Gabilondo, hacía hincapié primeramente en que «el colectivo que en teoría el Estado nos obliga a dejar fuera de la asistencia es inferior al 1%. Eso no permite ni quitar camas de hospital ni reducir el número de médicos. Y que un médico pase de tener 1.549 pacientes a 1.544 resulta prácticamente irrelevante».

Sobre la afección sanitaria global, Gabilondo alertaba de que «no atender enfermedades en su fase inicial es contraproducente. Además de tenerlos que atender después en Urgencias, pueden ser enfermedades infectocontagiosas. El coste de tratar una enfermedad avanzada siempre va a ser mucho mayor que el de atajarla en un primer estadio o prevenirla».

Por otro lado, Nafarroa ya fue pionera en el reconocimiento de la universalidad de la atención sanitaria, allá por 1986, cuando recibió las competencias en materia sanitaria. Pero un cuarto de siglo más tarde, en 2012, este criterio ya asentado fue cercenado por el Gobierno Rajoy mediante el polémico decreto que está en el germen de este litigio jurídico y drama humanitario.

¿Y ahora qué?

Llegados a este punto, se mantienen dos dudas. Por un lado, la de cómo se neutralizará esta iniciativa judicial incomprensible e intempestiva. Por otro, cómo se articulará en lo sucesivo la atención sanitaria en Nafarroa a esos casi 5.700 pacientes potenciales (Salud matiza que son muchos menos los atendidos realmente, dado que se trata de un colectivo mayoritariamente joven, sano y fuerte).

El Departamento recuerda al respecto que «Navarra ha sido pionera en el Estado en el reconocimiento de la asistencia sanitaria a todas las personas, independientemente de su situación administrativa, y ha sido defensora de este derecho en el consejo interterritorial del Ministerio de Sanidad durante los últimos gobiernos del PP». Y, en consecuencia, tras el cambio de paradigma del Gobierno Sánchez reinstaurando la atención universal, «valora positivamente el real decreto y trabaja para su aplicación en Navarra».

 

CINCO AÑOS DE OBSTÁCULOS

FEBRERO DE 2013

Pese al voto en contra de UPN y PP, la mayoría del Parlamento navarro aprueba una ley que garantiza la atención sanitaria a inmigrantes en situación irregular. Responde así a la decisión del Gobierno Rajoy de dejarles desprotegidos.

FEBRERO DE 2018

El Tribunal Constitucional anula la ley navarra al verla «incompatible» con la regulación estatal. El recurso fue formulado por el Ejecutivo del PP. Cinco magistrados, casi la mitad de la sala, emiten votos discrepantes.

ABRIL DE 2018

El Gobierno Barkos deja claro que no desatenderá a este colectivo y solventa la prohibición de la norma con una exención del pago por la atención sanitaria a quienes no tengan acceso al sistema y no alcancen 18.000 euros de renta.

JULIO DE 2018

El Consejo de Ministros de Pedro Sánchez aprueba reinstaurar la sanidad universal, pero pese a ello la Delegación del Gobierno en Nafarroa tramita un recurso preparado por el anterior Ejecutivo en contra de ese nuevo sistema.