La entrada de un hombre con un cuchillo en la comisaría de los Mossos en Cornellà, que finalmente fue abatido de varios disparos, ha dado pie a portavoces sindicales para abrir un debate sobre la seguridad de las instalaciones policiales y de los agentes. Los sindicatos de los Mossos d’Esquadra, Ertzaintza y Policía española y las diferentes asociaciones de guardia civiles han planteado una larga lista de demandas: de chalecos, cámaras de seguridad o pistolas eléctricas a recuperar las mamparas de seguridad, los escáneres, etc. Cualquiera diría que se encuentran en un ámbito de precariedad absoluta; de «pocilgas» las ha tildado uno de esos portavoces.

Cabe la opción de que existan deficiencias en el equipamiento de los diferentes cuerpos puesto que generalmente los políticos arreglan cualquier problema de seguridad aumentando el número de efectivos y este un área que no ha estado acotada por las normas de estabilidad presupuestaria, que sí afectaban a otras plantillas de empleados públicos; aumentar el personal para después olvidar que se necesitan medios materiales acordes es uno de los vicios de la clase política. Pero el tono y el contenido de estas reivindicaciones no casa precisamente con un modelo policial de servicio a la ciudadanía, que es el que se debiera priorizar. Criticar como ha hecho el portavoz de ErNE la política de cercanía y proximidad como una operación de imagen dice mucho del modo en el que gran parte de los agentes policiales entienden su labor. Encerrarse en un búnker no denota precisamente seguridad, más bien al contrario. Y el debate auténtico en este caso, o el del senegalés fallecido en la comisaría de Iruñea, es precisamente el contrario: si esa muerte no se pudo haber evitado.

Seguramente en las oficinas de Hacienda haya bastantes más altercados que en las comisarías, que todo el mundo sabe que están llenas de personas armadas, y no por eso se han transformado en un fortín inexpugnable. La seguridad también es una cuestión de mentalidad.