La escenografía político-electoral en la que vamos a entrar de lleno tratará de modificar nuestras sensaciones y percepciones para arrancarnos la papeleta. Cada vez hay más distancia entre las atalayas de los gobiernos (y partidos que los sustentan, por activa o pasiva) y el pueblo trabajador. Se han cumplido siete años desde que el Gobierno de Rodríguez Zapatero (PSOE) y el partido de Mariano Rajoy (PP) modificaran el artículo 135 de la Constitución española para limitar el déficit público y priorizar el pago de la deuda sobre las necesidades sociales, lo que unido a las reformas laborales y de la Seguridad Social nos están llevando al desastre social.

Crece la deuda pública, porque se priorizó salvar al sistema financiero y endeudarse en obras faraónicas. El desempleo se reduce, pero a costa de construir un mercado laboral superprecario y de bajos salarios. La tasa de contratación precaria ronda el 40%. Conlleva salarios de miseria y otros elementos negativos: bajas o nulas cotizaciones sociales. Pone en peligro la pensión pública. Ese trazo neoliberal es lo que persigue: que se engorde el sistema privado de pensiones o EPSV (también privadas y que en los últimos cinco ejercicios están en «números rojos»).

No se acepta extender la pensión pública digna, nunca inferior a 1.080 euros, y que, al menos, crezca como lo hace la inflación.

Y, por último, quieren reformar la RGI en la CAV, para poner obstáculos a su percepción, en un momento en donde el 60% de las personas en paro no perciben prestación y 62.000 hogares necesitan ayudas RGI para sobrevivir. Suma y sigue...

Primero, las personas, ¿entienden?