La caída de Lehman Brothers –el próximo sábado se cumplen diez años de la quiebra– llevó al sistema financiero a sufrir un colapso, que ha obligado a los bancos centrales a poner en práctica unas políticas monetarias expansionistas durante este decenio para apoyar la recuperación del crédito y la estabilidad.

En Estados Unidos, la compra de deuda de la Fed llegaba formalmente a su fin en 2017, mientras que en Europa el Banco Central Europeo (BCE) terminará este año con la compra de deuda neta, aunque proseguirá con la reinversión de los títulos de deuda adquiridos el tiempo que considere necesario. Estos son los últimos coletazos de la ayuda a la normalización de los mercados financieros, que ahora deberán evitar caer en los errores de entonces, respetando la nueva regulación.

¿Nuevo mercado financiero? La crisis asociada a la caída de Lehman Brothers y las hipotecas subprime, como sus principales protagonistas en el origen, ha traído también algunas consecuencias positivas para los mercados financieros. Habría que destacar la rápida intervención de Estados Unidos con la aprobación de la Ley Dodd-Frank, tan solo dos años después de la bancarrota de Lehman Brothers.

Esta ley dio la vuelta a la tortilla en la regulación financiera y el control de los mercados. Sus objetivos eran muy claros: poner las bases para evitar una nueva hecatombe. Para ello establece los mecanismos necesarios para proteger al inversor, controlar el riesgo sistémico mediante la fuerte supervisión de las firmas financieras, controlar los mercados, vigilar la actividad de las agencias de calificación crediticia, evitar que los contribuyentes paguen los rescates y reforzar la supervisión a escala mundial de los mercados financieros.

La llegada al poder de Donald Trump, que califica a esta ley de desastre, puede hacer descarrilar el objetivo de mantener un mayor control sobre los mercados financieros. De momento, este año elevaba en cinco veces el capital necesario para considerar una firma de riesgo sistémico. Ahora, una veintena de entidades financieras, entre las que está American Express, se libran de mayores exigencias de capitalización y planificación..

En Europa, la respuesta normativa a la crisis fue más lenta, aunque en estos diez años se han dado pasos importantes. En definitiva, como se hizo rápidamente en Estados Unidos, se busca reducir el riesgo de nuevas crisis y hacer que las entidades financieras sean más sólidas, capaces de soportar los impactos externos.

Para este cometido, la UE puso en marcha en 2013 una directiva y un reglamento para desarrollar Basilea III, un conjunto de medidas impulsadas por el Foro de Estabilidad Financiera y el G-20 tras la crisis financiera mundial.

Básicamente, se requiere a las entidades un incremento del nivel y la calidad del capital para poder absorber pérdidas, así como una mejor cobertura del riesgo y mejorar la liquidez. Por último, se les exige disponer de colchones de capital anticíclico. Los llamados bancos de importancia sistémica mundial deben tener, además, una mayor capacidad de absorción de pérdidas.

La arquitectura final de Basilea III quedó fijada en diciembre del año pasado, cuando se aprobaron reformas para mejorar el cálculo de los activos ponderados por riesgo y los coeficientes de capital bancario. Pero no será hasta 2022 cuando se haga la implementación de los requerimientos de capital y otras normas.

En Europa, además, se pusieron en marcha el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) y el Mecanismo Único de Resolución (MUR), los dos pilares de la unión bancaria europea. El objetivo del primero, que está bajo el mando del BCE, busca incrementar la fortaleza de los bancos mediante la supervisión de sus actividades, pero tiene también la capacidad de exigir requerimientos de capital para prevenir riesgos. El Banco Central Europeo supervisa directamente 119 entidades, el 82% de los activos de la zona euro.

Por su parte, el MUR tiene como principal organismo la Junta Única de Resolución (JUR), responsable de decidir los sistemas de resolución para los bancos en quiebra. El 7 de junio de 2017, en su primera intervención, vendió por un euro el Banco Popular, el sexto banco español, al Santander por considerar que era insolvente y existía riesgo de falta de liquidez para atender a los clientes.

Por tanto, el sistema financiero ha sido sometido a una mayor vigilancia desde la quiebra de Lehman Brothers, aunque todavía quedan dudas sobre su eficacia y su permanencia en el tiempo.

El presidente Trump ya ha dicho de forma reiterada que la regulación le parece excesiva, y su mensaje podría terminar calando también a este lado del Atlántico, donde los banqueros ya protestan por su elevado coste y la penalización de la rentabilidad.

La relación de los clientes con las entidades financieras es otro de los aspectos que también ha sido objeto de una profunda transformación a lo largo de estos años.

La crisis inmobiliaria que arrasó el Estado español a partir de 2008, cuando se unieron la caída del precio de la vivienda y la desaparición del crédito, dejó sin sus ahorros a muchos particulares. Las inversiones realizadas en algunos productos financieros fracasaron, a la vez que se hundían las entidades financieras, engullidas por los activos tóxicos inmobiliarios.

Uno de los vehículos de capitalización y saneamiento usados por los bancos y cajas más extendido en el Estado español fueron las participaciones preferentes. Muchos inversores fueron engañados por los vendedores con la ocultación de sus elevados riesgos y la ponderación del alto interés bancario.

A partir de ahora se espera que la protección de los inversores minoristas y ahorradores sea más efectiva gracias al caudal de reglas contenidas en la Directiva sobre mercados de instrumentos financieros (MIFID II), que entró en vigor este año. Aunque su transposición a la ley española podría retrasarse hasta 2019.

No obstante, ya es de aplicación una parte de la Directiva al haberse aprobado el reglamento MIFIR y un decreto ley regula la operativa del mercado. Por tanto, las entidades financieras deben reforzar la protección al inversor particular, con especial cuidado a la hora de la comercialización y el asesoramiento de productos financieros.

La economía todavía está herida. La recuperación de la economía real no ha tenido un camino paralelo a la recuperación de los mercados financieros. Con todo, la recesión de los países occidentales que siguió a la explosión del sistema financiero, salvado por las ayudas públicas en todo el mundo, se dejaba atrás en apenas dos años.

En Estados Unidos, había comenzado en diciembre de 2007, cuando el pinchazo de la burbuja inmobiliaria destapaba los productos tóxicos, y se daba por superada en octubre de 2009, al crecer el PIB del tercer trimestre un 3,5% en su primera subida del año.

También Europa salía oficialmente de la recesión ese mismo trimestre, pero no así el Estado español, que la sufrió dos veces: de 2008 a 2010, y de 2011 a 2013.

Pero como se ha podido comprobar en este decenio, salir de una recesión no significa recuperar el empleo y las inversiones. Este hecho es evidente en el desempleo, el mejor termómetro para medir la salud de una economía. Pese a la mejoría de los últimos años, las cifras de paro se mantienen por encima de los niveles de 2008.

En Hego Euskal Herria, según la EPA del segundo trimestre de este año, hay 136.000 desempleados, cuando en 2008 no llegaban a los 90.000. Bien es cierto que en el primer trimestre de 2013 el dato se había disparado hasta los 222.000 desempleados. En ese momento, el Estado español tenía más de 6,2 millones de desempleados, la cifra más alta de su historia. El último dato, del segundo trimestre, se ha recortado hasta los 3,5 millones.

Por tanto, el cambio favorable de los últimos diez años es evidente, aunque los datos no pueden ocultar que la crisis económica también ha traído al Estado español el deterioro de las condiciones de trabajo.

La precariedad se ha instalado de forma plausible en el mercado de trabajo, con los consiguientes daños a las personas más vulnerables que, incluso empleadas, no pueden cubrir sus necesidades básicas.