Ciertos sectores de lo que un día fue el catalanismo y el progresismo en España están asustados por la radicalización nacional de la derecha española. Atestiguaba ese sentimiento el director adjunto de “La Vanguardia” Enric Juliana hace unos días, cuando aseguraba que «la aplicación de un 155 indefinido en Catalunya a la espera de resultados electorales favorables» sería un verdadero «golpe de Estado». Gruesas palabras pero que representan bien una corriente de opinión de gente sinceramente atemorizada.

Pero estas afirmaciones, compartidas en octubre de 2017 y en enero o mayo de 2018, suenan exageradas para otra parte de Catalunya, la independentista, que ya está curada de espantos. De hecho ocurre al revés: que estos sectores se escandalicen ahora y no hace varios meses demuestra que ya pocas cosas podrán ser leídas con la misma intensidad por independentistas e izquierdas españolas. Y esto es un problema para ambos, pues certifica que sus intereses particulares no están alineados, y que por tanto todo acuerdo será suscrito por descarte.

Rajoy sobrepasó ampliamente lo que hasta la fecha era la interpretación mayoritaria sobre lo que el 155 permitía y no permitía. Después vino la cárcel o el autoexilio para los líderes independentistas. Luego, tras perder las elecciones, los tribunales impidieron que varios electos fueran investidos con resoluciones como poco imaginativas. Todo eso ocurrió sin que la izquierda española mayoritaria lo viera como un golpe de Estado, sino como una reacción adecuada al desafío independentista.

Pero lo cierto es que los independentistas ya sabían que la espiral en la que se había entrado abría las puertas al clima nacional que ahora enarbola la derecha. Solo bajo ese prisma se explican los sucesos del octubre catalán. Por supuesto que una victoria en España del tripartito de derechas y un nuevo 155 sería un golpe traumático para el sector de la sociedad catalana que reúne de Juliana a Junqueras. Pero a diferencia del primero, el segundo sabe que es totalmente factible que eso pase y que los tribunales y todos los supuestos contrapoderes que tiene la democracia española lo avalen.