El ataque a la vivienda de una conocida familia de la izquierda abertzale de Amurrio suena a hecho del pasado, pero ha ocurrido en puro presente. Tanto por la adscripción ideológica de las víctimas (afortunadamente ilesas) como por el objetivo al que aparentemente se disparó (una banderola por la repatriación de los presos), por el proyectil utilizado (un arma corta) y finalmente por las sospechas sobre la identidad del autor, queda meridianamente claro que se trata de un ataque político –por sus características la definición exacta sería atentado– que no cabe menospreciar.

El hecho de que la Ertzaintza haya optado de momento por no proceder a la detención del autor del disparo, aunque sí a su identificación, contribuyó ayer a que el hecho no tuviera excesiva relevancia informativa ni suscitara valoraciones políticas y condenas institucionales. Pero el hecho resulta de gravedad suficiente como para reclamarlas sin demora. De hecho, es muy fácil adivinar que ya se hubiera desencadenado un gran revuelo mediático y político, totalmente lógico, si esa familia hubiera tenido simpatías ideológica diferentes o contrarias y el atacante hubiera sido alguien relacionado con la izquierda abertzale.

La doble vara de medir resulta evidente, pero lo más denunciable e inquietante no es eso, sino el riesgo de que no se le conceda la gravedad que tiene ni se atienda al contexto en que se produce: un auge de la ultraderecha y el autoritarismo que empieza a desgranar episodios preocupantes aquí y allí. Hay que recordar los cientos de agresiones de carácter fascistas producidos en Catalunya en los últimos quince meses o la noticia aparecida en noviembre de un aspirante a francotirador detenido por idear matar al presidente español, Pedro Sánchez. Si en algún sitio hay antecedentes de este tipo de acciones de grupos ultras organizados o «incontrolados», como parece este de Amurrio, es Euskal Herria, lo que aboca a que sus agentes políticos e instituciones no contemporicen con situaciones así.