Queda poco para el juicio contra los 18 líderes independentistas a quienes la Fiscalía y la Abogacía del Estado solicitan 177 años de prisión por unos supuestos delitos de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia. No hay fecha para su inicio, pero todo indica que será en febrero, una vez el Tribunal Supremo ordenase este pasado jueves a la Generalitat el traslado de los acusados a centros penitenciarios cercanos de Madrid.

A medida que se aproxima la fecha, la expectación crece de forma exponencial, al ritmo que la defensa ultima su estrategia mientras varias instituciones y entidades cívicas trabajan contra reloj para que la causa sea seguida por observadores y profesionales del derecho con el fin de informar sobre lo que acontezca.

Por el momento, se prevé un primer equipo coordinado por el Departament d’Exteriors de la Generalitat y la oficina Diplocat, que a la espera de concretarse, integrarán media docena de eurodiputados. Entre los políticos que ya han confirmado su presencia se encuentran la valenciana Marina Albiol (Esquerra Unida del País Valencià), el francés José Bové (Los Verdes), la gallega Ana Miranda (BNG), la sueca Bodil Balero (Los Verdes) o el irlandés Matt Carthy (Sinn Féin). También Amnistía Internacional y otras organizaciones ciudadanas han expresado su voluntad de seguir las sesiones «por si se cumplen las garantías de un juicio justo».

Altavoz multidisciplinar

Otra de las iniciativas claves es la plataforma International Trial Watch (ITW), impulsada por la Associació Catalana per la Defensa dels Drets Humans, l’Institut de Drets Humans de Catalunya, NOVACT, el Centre Irídia, el Col·lectiu Praga y el Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universitat de Barcelona (UB). Un espacio articulado para asegurar el respeto a los principios de legalidad, imparcialidad y el derecho de las personas encausadas, para el cual se conformará un equipo de observadores especialistas en derechos fundamentales y personalidades internacionales de prestigio. Una vez cerrado este equipo, del cual no se publicará la lista definitiva hasta finales de mes, la plataforma prevé organizar la actividad de los observadores según su especialidad: los académicos se centrarán en los derechos procesales, los representantes de organismos humanitarios en los derechos civiles y políticos, mientras que los abogados documentarán de forma pormenorizada cada una de las sesiones.

El objetivo final es que informen por escrito sobre las anomalías que ocurran durante el transcurso de la vista oral. «Está previsto que este juicio se alargue varios meses, de manera que hemos de hacer compatible no prejuzgar el desenlace con notificar las apreciaciones o situaciones que se detecten en la sala y que, a toda luz, constituyan una conculcación de derechos de las personas encausadas», señala Anaïs Franquesa, del Centre Irídia.

Vulneraciones preliminares

Viendo lo ocurrido hasta ahora, las defensas de los acusados auguran una dura sentencia que constituya un aviso a navegantes para cualquier intento del independentismo de emprender nuevas vías unilaterales. Así se intuye también desde International Trial Watch, que a efectos de supervisar el proceso ya cuenta con una guía de observación dónde se relacionan las vulneraciones registradas des de los primeros embates represivos. Tanto aspectos de carácter sustantivo (libertad ideológica, de expresión o reunión, como se constató con el encarcelamiento de los presidentes de Òmnium Cultural y ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, el 16 de octubre de 2017) como de carácter procesal (derechos al juez imparcial o principio de legalidad penal, entre otros elementos).

Franquesa añade también las interlocutorias con las cuales el juez Pablo Llarena ha sustanciado la instrucción, el escaso margen de los letrados de la defensa para preparar con sus clientes las alegaciones o la demora del Tribunal Constitucional a la hora de tramitar y resolver los recursos presentados.

Estas irregularidades y la intervención que Manuel Marchena, presidente de la Sala II del Supremo, hizo en la vista previa del juicio el 18 de diciembre pasado, hacen pensar que los líderes independentistas serán condenados a severas penas de prisión. «Es por eso que nos preocupa lo que pueda acontecer en el Supremo», indica Anaïs Franquesa.

Ante este clima de indefensión, que enlaza con la máxima del “derecho penal del enemigo”, con la que el jurista alemán Günter Jakobs calificó en 1985 los procedimientos donde se utiliza cualquier medio disponible para castigar a la disidencia, toma valor la tarea que los observadores puedan desarrollar cuando empiece el juicio. No sólo por su capacidad de escrutar la impunidad que vienen sufriendo los encausados en las diferentes etapas del Procés. También porque podrán narrar a la comunidad internacional el carácter político de una macrocausa que situará al Estado español ante el espejo.