La Liga de Derechos Humanos y el sindicato CGT han dado un paso al frente al emplazar directamente a la justicia administrativa francesa para que prohíba el uso por la Policía del LBD-40, versión avanzada de flash-ball, un «arma de defensa» que ha provocado, según distintos balances, un centenar de heridos graves. Al menos 18 manifestantes han perdido la visión de un ojo. Y a ello hay que sumar esa media docena de ciudadanos que han quedado mutilados por granadas.

Es el caso de Antoine Boudined, baionarra de 26 años de edad que perdió su mano derecha al recoger del suelo una granada tipo GLI-F4 al final de una protesta de los «chalecos amarillos» en Burdeos. O el de Lola Villabriga, estudiante de la Escuela de Arte de la capital labortana que sufrió una triple fractura de mandíbula tras recibir el impacto de LBD-40 cuando, subida en un banco, filmaba una de sus movilizaciones, en Biarritz.

Estos jóvenes vascos han interpuesto denuncia para establecer responsabilidades sobre lo ocurrido, pero sus respectivos abogados han remarcado el interés añadido de que sus casos sirvan para poner encima de la mesa el debate sobre el arsenal que emplea la Policía para «encuadrar las manifestaciones».

Ese debate va a tener un recorrido no sólo individual sino colectivo, después de que la Liga de Derechos Humanos (LDH) y el sindicato CGT registraran el jueves una demanda conjunta para conseguir una orden de prohibición del uso de LBD en vísperas del «acto XI» de los «chalecos amarillos», previsto para hoy. El Tribunal de París rechazaba ayer su petición, pero el camino que puede llevar el debate hasta el Consejo de Estado sigue más que nunca abierto.

Plataforma vasca

Las plataformas que, como en el caso de la creada en Euskal Herria a raíz de los casos de Antoine y Lola, han salido a la palestra en estos últimos meses centran su denuncia sobre el «uso excesivo de la fuerza». Su diagnóstico concide, en lo fundamental, con lo expresado por LDH y CGT: «Se está utilizando material de guerra contra civiles en un contexto urbano».

Por el contrario, el ministro de Interior francés, Christophe Castaner, ha insistido en defender los métodos policiales, recordando que «más de mil policías han resultado heridos por elementos violentos que se insertan en las protestas sociales legítimas». Ni una mención personal, ni un gesto de solidaridad, Place Beauvau se ha limitado a rebajar la cifra de heridos graves a 87 y a decir que la «policía de policías», IGPN, investiga cuatro casos de «personas heridas en un ojo». Sin tener en cuenta tampoco a esas 12 personas que han perdido la vida, fruto de «accidentes» ocurridos en el largo episodio de protesta, Castaner se ha permitido, incluso, lanzar repetidamente al aire la pregunta de «¿habrá que esperar a que haya un muerto?», siempre con objeto de debilitar unas manifestaciones que, con todo, atraen cada sábado a miles de manifestantes.

Recuerdo de Rémi Fraisse

En la memoria reciente aparece la sombra de Rémi Fraisse, el militante ecologista muerto en el departamento de Tarn al recibir el impacto de una granada OF F1, arma que dejó de ser utilizada en 2014 a raíz de ese fatal desenlace.

Sin embargo, los organismos que reclaman que se prohíba el LBD-40 recuerdan que ese arma se usa «en base a los mismos manuales» que la anterior.

Alliance, el sindicato mayoritario dentro de la Policía francesa, no comparte esta visión. Su secretario departamental, Richard Benoît, declaraba esta semana a Mediabask que «mis colegas no emplean este arma de defensa para causar heridos», tras lo que advertía de «ciertos montajes que circulan en redes sociales». Según Benoît, «los policías viven una situación extrema que, sin duda, genera ciertos peligros».

El sindicato ha criticado la iniciativa de Interior de que desde hoy los policías porten cámaras para filmar los disparos que realizan en las manifestaciones, la primera medida adoptada por el ejecutivo para atajar la polémica del flash-ball.