El antiguo convento de las Salesas Reales, sede de Tribunal Supremo, acoge desde hoy un juicio que reclama su lugar en la Historia antes incluso de echar a andar. Por primera vez desde los años 30, miembros de un gobierno democráticamente elegido serán juzgados en el Estado español por impulsar, en cumplimiento de sus compromisos parlamentarios, un referéndum en el que votar sobre el futuro de su país. Tanto Catalunya como España se juegan mucho en este proceso, en el que tan importante será lo que ocurra dentro del tribunal como fuera. Las incógnitas son todavía muchísimas –para empezar, no se sabe cuánto durará el juicio–, pero los principales ingredientes están ya encima de la mesa. Aquí va un resumen.

Acusaciones

Después de que el TS decidiese en diciembre enviar al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) la causa contra los miembros de la Mesa del Parlament –a excepción de Carme Forcadell– serán finalmente doce los dirigentes juzgados en Madrid a partir de hoy. De ellos nueve están en la cárcel. Como acusaciones compartirán banquillo, codo con codo, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y el partido de extrema derecha Vox, que el tribunal ha mantenido como parte de la causa pese a las constantes solicitudes de las defensas para apartarlo.

Por acusación y hechos imputados, cabe ordenar a los acusados en cinco grupos: en el primero está el exvicepresidente, Oriol Junqueras, a quien la Fiscalía pide 25 años de prisión por un delito de rebelión. En el segundo se encuentran los líderes de las entidades civiles, Jordi Cuixart (Òmnium Cultural) y Jordi Sànchez (ANC), para quienes la Fiscalía pide 17 años por rebelión. El tercer grupo lo constituye la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, para quien la Fiscalía pide otros 17 años también por rebelión.

En el cuarto grupo están el resto de exconsellers encarcelados: Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Josep Rull y Quim Forn. La Fiscalía pide para ellos 16 años por rebelión. Por último están los tres exconsellers que, al renunciar a seguir en la política activa, eludieron la prisión. Son Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila, y la Fiscalía pide para ellos siete años por malversación y desobediencia grave. Cabe insistir en que la única diferencia entre estos tres consellers y los que están en la cárcel es haber renunciado a la política antes de las elecciones del 21 de diciembre de 2017. Su participación en los hechos de setiembre y octubre de ese año, en tanto en cuanto miembros del Govern, fue la misma. Y sin embargo, hay diez años de diferencia en la petición fiscal.

Violencia

Toda la base del escrito de la Fiscalía se ancla en la tesis de que «el plan secesionista preveía la utilización de todos los medios que fuesen precisos». No en vano, el Código Penal establece en su artículo 472 que «son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente». Sin violencia no hay rebelión, ergo, para que haya rebelión, tiene que haber violencia.

La Fiscalía se cuida mucho de calificar los hechos de alzamiento violento, pero recurre una y otra vez a las supuestas intenciones últimas de los dirigentes, que «eran plenamente conscientes de la ilicitud del proceso de secesión que impulsaban, de la patente ilegalidad de la iniciativa refrendaria y de la altísima probabilidad de que hubiese incidentes violentos». No hace falta recordar que los únicos incidentes violentos que hubo fueron las cargas policiales.

El redactor de aquel artículo 472, el exdiputado Diego López Garrido, ya ha advertido de que el delito de rebelión no encaja con lo ocurrido en Catalunya, donde no observa tal violencia. De igual modo, la razón por la que el president exiliado, Carles Puigdemont, no fue extraditado desde Alemania fue que el tribunal de Schleswig-Holstein, después de entrar en el fondo de la causa, no vio en la actuación de Puigdemont la violencia alegada por los fiscales españoles.

Tribunal

El tribunal está formado por siete magistrados, con el presidente de la Sala II del TS, Manuel Marchena, al frente de todos ellos. Su órbita alrededor del PP quedó de manifiesto en el frustrado proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). PP y PSOE acordaron nombrar a Marchena como nuevo presidente del CGPJ, algo que el senador conservador Ignacio Cosidó calificó como gran triunfo en unos whatsapp filtrados a la prensa. En esos mensajes también se jactaba de poder controlar «por detrás» la sala segunda del TS –única que puede juzgar a diputados y senadores– y la Sala del 61, la encargada de ilegalizar partidos. El escándalo fue mayúsculo y Marchena, cuyas formas tienden a la exquisitez, renunció al ascenso.

Los otros seis magistrados son Andrés Martínez-Arrieta, Andrés Palomo, Antonio del Moral –vinculado al Opus–, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela y Ana Ferrer. Estos dos últimos jueces son los únicos vinculados a Jueces para la Democracia en un tribunal dominado por magistrados conservadores.

Defensas

En todo sumario de entidad con numerosos acusados es habitual que haya defensas diferenciadas, sobre todo en la parte técnica de la defensa, aquella que entrará a desgranar la actuación concreta de cada acusado. En este sentido, es evidente que no pueden ser iguales las defensas de, por ejemplo, Junqueras, Forcadell y Cuixart, dado que el cargo que desempeñaban era diferente.

Sin embargo, todos los clásicos sobre juicios políticos subrayan la importancia de unas defensas coordinadas. No ocurre en este caso, en el que más allá de una mínima coordinación para no perjudicarse, las defensas optan por estrategias muy diferentes. Hay todo un mundo entre el escrito de acusación de Cuixart, que denuncia la «excepcionalidad jurídica» del presente proceso, y el del también preso Joaquim Forn, cuyo abogado, Xavier Melero, declaró no saber «qué es una causa política ni una defensa política».

Derechos vulnerados

La mayoría de defensas coinciden, eso sí, en la denuncia de la vulneración de derechos a lo largo de la instrucción, desde la vulneración del derecho al juez natural –que en este caso hubiera sido el Tribunal Superior de Justicia y Catalunya (TSJC)– y a una segunda instancia –ante la cual plantear los debidos recursos– hasta la vulneración de derechos fundamentales como la presunción de inocencia, la representación política, la libertad de expresión o la libertad de reunión.

Aunque el Supremo ha ido negando en cada auto estas vulneraciones, las denuncias tienen la vista puesta, sobre todo, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en el que tarde o temprano acabará la causa.

Testigos

Son más de 500, la mitad de los cuales corresponden a los solicitados por la Fiscalía –de los que más de 200 son policías y guardias civiles–. Aunque el tribunal rechazó bastantes solicitudes de las defensas –sobre todo las que hubiesen permitido dar mayor eco internacional al proceso–, ha aceptado el testimonio de perfiles políticos notables que ayudarán a politizar el proceso. Es el caso del expresidente Mariano Rajoy y su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el lehendakari Urkullu y varios eurodiputados que ejercieron como observadores el 1-O.

Juicio paralelo

En los juicios políticos tan importante es lo que ocurre dentro del tribunal como fuera. Será crucial observar la magnitud de la movilizacion en la calle, así como el eco internacional del proceso. 600 periodistas se han acreditado para seguir un juicio que ha obligado al Tribunal Supremo a adecuar sus instalaciones. También a permitir que se emitan en directo las sesiones del juicio (se podrá seguir en NAIZ), algo que, por otra parte, ha servido al tribunal para rechazar la presencia de observadores internacionales en el juicio. Las sesiones, en cualquier caso, serán seguidas de cerca por entidades consolidadas como Amnistía Internacional y por plataformas creadas para la ocasión como International Trial Watch.

Habrá muchos ojos pendientes del juicio y el Estado lo sabe. Dos jueces del CGPJ se dedicarán a «asesorar» a los corresponsales internacionales que seguirán el juicio, la propaganda estatal se ha articulado ya entorno a la campaña de España Global y el ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha hecho circular entre embajadores un dossier con una guía del juicio –en la que ni se menciona la presencia de Vox como acusación popular–, un artículo de “El Mundo” y una explicación acerca de los vetos a los observadores internacionales. España se juega su prestigio, algo que, llegado el caso, ya ha demostrado que está dispuesta a sacrificar.

 

Amplia cobertura en GARA y NAIZ

A partir de hoy GARA y NAIZ dan inicio a una cobertura especial del juicio contra el independentismo catalán, sobre el que se ofrecerán resúmenes, análisis, entrevistas y piezas de contexto. Además, NAIZ emitirá en directo las sesiones que, de martes a jueves, tendrán lugar en el TS.