El 1 de octubre hubo urnas en Catalunya, luego alguien las pago. Aquel día hubo observadores internacionales invitados, luego alguien pagó su estancia en Catalunya. A lo largo de setiembre se emitieron anuncios oficiales relacionados con el 1 de octubre, luego alguien los encargó. Estas evidencias son uno de los grandes dolores de cabeza de las acusaciones en el juicio contra el independentismo catalán, pues tras cinco semanas de juicio el delito de malversación sigue sin acreditarse en la Sala de Plenos del Supremo.

Una de las formas que la Fiscalía explora para intentar acreditar el uso de dinero público ha sido la internacionalización del proceso. Es decir, considerar todas las actividades exteriores de la Generalitat –así como la presencia de observadores internacionales en Catalunya– como un uso delictivo de fondos públicos para lograr la secesión. En este esfuerzo, en la lógica del Ministerio Fiscal jugaba un papel fundamental Diplocat, el organismo de diplomacia pública –que no diplomacia convencional– de Catalunya. Ayer declaró su ex secretario general, Albert Royo, que recordó que la tesis de la Fiscalía parte de una premisa errónea: Diplocat no es parte orgánica de la Generalitat.

Royo recordó que es un «consorcio público-privado» en el que, además de la Generalitat, participan entidades como el Ayuntamiento de Barcelona, las diputaciones, Foment del Treball –la patronal– o el Fútbol Club Barcelona. Así, añadió que aunque la financiación proviene mayoritariamente de la Generalitat, la institución puede decidir su aportación, pero no en qué se gasta después. Ante las preguntas cada vez más impertinentes de la fiscal Consuelo Madrigal, recordó que «Diplocat no estaba involucrado en la organización del referéndum» y aseguró que las estancias de cargos internacionales –tanto durante el 1-O como mucho antes– no eran misiones de observación, sino visitantes. Y que se pagaban con el presupuesto de Diplocat, no con dinero entregado ad hoc por la Generalitat.

«¿Como puede ser que en 2017 sea delito lo que no lo fue en años anteriores?», cuestionó Royo tras recordar que esas visitas se han producido durante años. En el mismo sentido, recordó que el trabajo encargado a Helena Catt, directora del International Election Expert Research Team, durante el otoño de 2017 se siguió pagando una vez estuvo vigente el 155. Es decir, con Diplocat –posteriormente disuelto– bajo el mando del Gobierno español. La Fiscalía aseguró que aquello fue una misión de observación del referéndum, mientras que Royo defendió que se trató de una mera misión académica. Sea como sea, insistió en que se pagó con el presupuesto de Diplocat, un organismo que, insistió, según establecían sus estatutos no dependía orgánicamente de la Generalitat.

La desesperación de un fiscal

La frustración de la Fiscalía –véase el despiece– llegó al clímax ayer con la declaración del responsable de Difusión de la Generalitat, Jaume Mestre, que se fue por los cerros de Úbeda para explicar que no tiene ni idea de por qué se encargó una campaña institucional sobre el referéndum y luego no se pagó. En honor a la verdad, su testimonio no fue demasiado convincente, pero el euro sigue sin aparecer.

La exquisitez de Marchena no esconde una doble vara de medir

«En el Código Penal, el delito de falso testimonio no consiste solamente en no decir la verdad. Cuando el testigo altere la verdad con reticencias o inexactitudes también hay responsabilidad penal». El presidente del tribunal, Manuel Marchena, lanzó ayer esta severa amenaza al primer testimonio de la jornada, Jaume Mestre, responsable de Difusión de la Generalitat, que respondió de forma titubeante y algo inconsistente a las preguntas del fiscal Ismael Moreno, que acabó interrumpiendo el interrogatorio y pidiendo a la sala «que deduzca testimonio por delito de falso testimonio al juzgado de guardia».

Marchena respondió que, de hacerlo, lo haría junto a la sentencia, una vez se pudiese acreditar dicho falso testimonio, pero la amenaza quedó en el aire, como un recordatorio de que, más allá de las formas de un tribunal preocupado por la imagen de la Justicia española, la realidad sigue siendo tozuda: Marchena no dijo esta boca es mía ante los reiterados «no me acuerdo» del exministro de Interior José Ignacio Zoido. Tampoco advirtió de nada a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría cuando se hizo la sueca sobre el operativo policial de otoño de 2017.

El doble rasero quedó ayer de manifiesto con la grave advertencia a Mestre, que prestó un testimonio algo errático que exasperó al fiscal Moreno, desesperado ante la evidencia de que Mestre tampoco le serviría para acreditar el delito de malversación de fondos públicos.B.Z.