A Ángel Hernández lo pueden acusar de violencia de género por ayudar al tránsito a mejor vida de su mujer, y podríamos considerarlo dentro de las torturas de Código Penal, de las incongruencias de una legislación que permite estas salvajadas. Los culpables son todos estos personajes que andan en los escaparates electorales ofreciendo sus servicios al mejor precio. Los políticos del legislativo son los causantes de muchos dolores, males, injusticias. Después tienen su mano togada, los ejecutantes, jueces y fiscales, pero deben utilizar, aunque sea torticeramente, el arsenal de tortura que les proporcionan los políticos y las políticas, para ajustar el punto de mira. Recordemos una vez más, que las leyes las escriben los parlamentos y las ejecutan los tribunales. Las imágenes que se acaban de conocer de las vejaciones, abusos, violencia que las trabajadoras de una residencia de ancianos perpetraban contra las personas residentes son auténticas torturas. Esas enfermeras o asistentes son auténticas criminales, se ceban en seres incapaces de defenderse y hasta de denunciarlas. Cuesta comprender que se pueda desencadenar ese tipo de violencia contra esas personas que seguramente son difíciles de tratar, que necesitan una atención casi constante. Pero estamos hablando de un lugar especializado con personal homologado. ¿O no? Pues no. Estamos ante un negocio privado que enriquece a unos cuantos con el sufrimiento de unos seres que han llegado a un punto de incapacidad que precisan de ayuda constante. Y quienes se la deben proporcionar desarrollan odio y las torturan. Había denuncias varias desde hace años, hasta ahora no ha saltado y se ha abierto una larga cola de denunciantes compuesta por trabajadores y padres de las residentes. La administración nunca intervino. Son cómplices de estas torturas.