La exhumación de los restos de Francisco Franco de la basílica de Cuelgamuros, anunciada hace un año por el Gobierno del PSOE para el 10 de junio, fue suspendida ayer cautelarmente por el Tribunal Supremo español, que adoptó esta decisión por unanimidad en un auto que califica al dictador de «jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936». La suspensión temporal estará vigente hasta que dicte sentencia sobre los recursos presentados ante el «perjuicio irreversible» si acabara dando la razón a los recurrentes y determinando que el dictador debe permanecer en el Valle de los Caídos en lugar de ser inhumado en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio. El Ejecutivo español se mostró convencido de que el Supremo le acabará dando la razón.

El tribunal estima las medidas cautelares solicitadas por los nietos del dictador, la comunidad benedictina del Valle, la Fundación Francisco Franco y la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, que siempre han criticado las «prisas» del Gobierno para llevar a cabo la exhumación. Y lo hace a menos de una semana de que se cumpla el plazo fijado por el Gobierno de Pedro Sánchez para poner fin a la anomalía que supone la exaltación de un dictador en un monumento público.

Legitimando el Alzamiento

Pero lo que más llamó la atención del auto de la sección cuarta de lo Contencioso-Administrativo es que alude a Franco no como dictador sino como «jefe de Estado» desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento.

El Supremo legitima así el golpe de Estado y el nombramiento de Franco como jefe de Estado por parte de la llamada Junta de Defensa Nacional el 1 de octubre de 1936, apenas tres meses después del Alzamiento contra la legalidad republicana y sin esperar a la victoria bélica de los golpistas tres años después, a pesar de que el Gobierno legítimo conservó su mandato en la zona leal a la República hasta el final de la guerra.

Líderes políticos como Eduardo Madina (PSOE), Pablo Iglesias (Podemos) o Alberto Garzón (IU) criticaron esa alusión, que calificaron de «auténtica barbaridad», «franquismo institucional que sale por los poros del sistema democrático» o «ridículo e insultante». Las críticas llegaron también del president catalán Carles Puigdemont y del PNV.

Y van tres

Anunciada a bombo y platillo poco después de la llegada de Pedro Sánchez al poder, ahora hace un año, la exhumación de Franco se está convirtiendo en una pesadilla para el Gobierno español y para su presidente que, como él mismo ha admitido en privado, pensó que exhumar los restos del dictador iba a ser sencillo y rápido y le iba a permitir colgarse una medalla. Su ejecución, prevista inicialmente para antes del parón de agosto de 2018 y después para finales de ese año, se ha ido retrasando debido a la batalla judicial que está librando la familia de Franco.

Además, en caso de producirse el traslado a Mingorrubio, de titularidad estatal, los descendientes del dictador quieren que sea reenterrado en la catedral de la Almudena, en el centro de Madrid, a pesar del Gobierno.

Un mes antes de que arrancara la campaña electoral de las generales, el Ejecutivo anunció que procedería a la exhumación el 10 de junio si el Supremo no paralizaba la operación, como finalmente ha sucedido, dejando en stand by una de las principales promesas de Sánchez.