El veterano militante de la izquierda abertzale, Joseba Alvarez, fue detenido en un control policial en Urruña y tras pasar una noche en el centro de retención de migrantes de Hendaia, requisado para el dispositivo de seguridad del G7, fue expulsado hacia Gipuzkoa, el domingo al mediodía, en base a una «orden de prohibición de entrada y estancia en territorio francés» que fue emitida el 25 de julio y caducaría hoy, 29 de agosto.

Es decir, la orden se extiende más allá del final de la cumbre del G7. Y lo que resulta todavía más sorprendente, pese a que se sustenta en un relato alarmante, plagado de alusiones al «riesgo de numerosos desbordamientos de violencia» con los que «los numerosos movimientos autonomistas, independentistas, altermundialistas y antisistema» habrían buscado «perturbar el buen desarrollo» del G7, no se hizo efectiva hasta el 25 de agosto, esto es un mes después de su emisión y con la cumbre ya en marcha.

A la vista de lo acontecido, ese diagnóstico de riesgo que se adereza con alusiones ya a «chalecos amarillos radicalizados» ya a «miembros del movimiento black bloc procedentes de Europa y notablemente de España (sic)», no se demostró demasiado certero. Ello sin obviar que, la trayectoria política de Alvarez, que se describe en el documento, y su presencia en manifestaciones y otros actos, son públicas y notorias. También lo ha sido la «constante labor de interlocución», tanto en el espacio militante como en el institucional, también de Iparralde, que ha desarrollado cara a favorecer que la contra cumbre discurriera en los parámetros de «dar voz a las alternativas y no caer en la provocación policial» acordados por el centenar de entidades integrantes de las plataformas. Esas que atrajeron a 15.000 personas a la marcha, alegre y pacífica, que enlazó, el sábado, Hendaia con Irun.

Abogados vascos consultados por GARA, estiman que, a buen seguro, a otros detenidos en relación al G7 –164 según el balance final del ministro de Interior galo, Christophe Castaner– se les han aplicado «éste u otros dispositivos» que han ido nutriendo en los últimos años la jurisdicción administrativa en detrimento de un proceso judicial «en el que no basta con datos u opiniones sobre personas sino que hay que presentar pruebas cara a probar delitos». El procedimiento es tan opaco que no será fácil saber cuántas «fichas» sirvieron de base para aplicar medidas excepcionales.

Un listado de 500 nombres que puede volver a utilizarse

Joseba Álvarez ha confirmado a GARA que no recibió ninguna notificación de que tenía prohibido viajar al Estado francés del 24 de julio al 29 de agosto y que fue en la comisaría francesa donde le informaron de que se le había aplicado esta medida por estar en un listado de 500 personas.

Pudo constatar que en su caso se recoge que estuvo inmerso en sumarios relacionados con ETA y Batasuna, pero también que participó en la presentación en Donostia de la plataforma contra el G-7 o que el 1-0 estuvo en Barcelona. Considera que los servicios de inteligencia franceses no pueden tener una información tan detallada de cuestiones menores, por lo que apunta a la colaboración de la Policía española. Un elemento que refuerza esta sospecha es que en la comisaría coincidió con un periodista que estaba incluido en el listado solo por acudir a Errekaleor.

Álvarez sí tiene constancia de que Alemania ha entregado al Estado francés un listado de ciudadanos sospechosos y que se ha utilizado para practicar expulsiones estos días. Señala que otros estados pueden haber hecho lo mismo. EH Bildu ha pedido información en el Congreso.

Álvarez puede recurrir su expulsión aunque no tendrá efectos prácticos porque caduca esta semana, pero no puede tomar medidas sobre la inclusión de su nombre en ese listado del que no se sabe nada. Por ello, podría sufrir una nueva prohibición de acudir al Estado francés sin recibir siquiera una notificación.Martxelo DÍAZ