Los años de trabajo de las distintas asociaciones están dando sus frutos y las muertes provocadas por la violencia machista, aunque en algunos medios todavía se denominan como «drama familiar», empiezan a percibirse cada vez más como una cuestión social.

La lectura que se realiza desde las asociaciones feministas y de aquellas que luchan contra la violencia sexista respecto a este proceso de debate, que tendrá lugar hasta el 25 de noviembre, es la misma en Euskal Herria y en París. Está bien hablar, pero «las medidas que habría que tomar ya están claras. Lo necesario es la financiación», subraya el Colectivo Feminista contra las Violencias Sexistas de Ipar Euskal Herria, ahora denominado Zutik. Veronique de la Devèze, integrante de este colectivo, denuncia también que se trate de un proceso sobre «la violencia conyugal y no la violencia sexista en general, ya que se trata de un problema de desigualdad social y cultural».

En el Estado francés el tema de la violencia sexista sigue siendo una cuestión tabú, hasta el punto de que los datos solo han empezado a hacerse públicos recientemente. En el territorio francés la semana pasada llegó a 100 el número de mujeres muertas a manos de su pareja o expareja en 2019, mientras en 2018 fueron 121. En Ipar Euskal Herria ya van dos, en Bardoze y en Urruña, ambas en junio.

La percepción y la terminología de este tipo de hechos es muy diferente a un lado y al otro del Bidasoa. Si al sur se trata de un «asesinato machista», al norte se habla de «drama familiar». Precisamente una de las demandas que realiza a través de este proceso el Centro de Información y de Derechos de las Mujeres y sus familias (CIDFF por sus siglas en francés), que forma parte de las entidades que han sido requeridas para participar en el proceso emprendido por el Gobierno, es que se incluya el término «feminicidio» en el Código Penal. Así lo resalta la jurista del CIDFF en Baiona Claire Sabalo, quien explica que, aunque la Academia Francesa lo ha aceptado recientemente, el término no tiene un estatuto jurídico. La terminología también es importante para el colectivo Zutik: «Nos deja claro que se trata de una mujer que ha sido asesinada».

Muestra de que se trata de un tema tabú es este otro dato ofrecido por Zutik: en la última concentración que se realizó en Baiona para denunciar un asesinato machista tan solo se reunieron seis mujeres.

En este proceso de encuentros políticos para definir las políticas y ejes a largo plazo se reúnen 80 entidades, que tratan el tema desde diferentes puntos de vista y perspectivas, así como miembros del Gobierno, de la mano de Marlène Schiappa, secretaria de Estado por la Igualdad entre mujeres y hombres, y Édouard Philippe, primer ministro, pero incluyendo además a los titulares de Justicia, Interior, Educación y Vivienda y al secretario de Estado para la Protección de la Infancia. A este primer proceso de reflexión que finalizará el 25 de noviembre le seguirán otros que se impulsarán a través de los departamentos.

Estado centralizado

Se trata de una iniciativa que se lanza desde París y tiene una aplicación directa en territorio vasco, ya que en un Estado tan centralizado el peso de las medidas locales es reducido. La vicepresidenta de la Mancomunidad Única y concejala de Baiona, Martine Bisauta, sabe algo de ello. Y es que fue impulsora del Observatorio de la Violencia contra las Mujeres y la Igualdad que operó entre 2010 y 2015 en Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa, pero luego vio cómo este proyecto innovador y adelantado a su época fue desmantelado por el Ejecutivo por tratarse de un proyecto «en un territorio que no existe institucionalmente».

La Mancomunidad Única le ha dado este reconocimiento institucional pero, según Bisauta, en este momento lo que se podría prever son cosas como financiar apartamentos para ofrecer un lugar a las mujeres que se encuentran en situación de emergencia. Una de las reivindicaciones más importantes es la creación de este tipo de estructuras.

El CIDFF añade la necesidad de que haya personas especializadas en diferentes áreas: policial, judicial, sanitaria o social. Y demanda financiación para poder trabajar sobre la prevención y la educación, pero sobre todo para que las asociaciones y entidades que trabajan con las víctimas dispongan de todos los medios necesarios para poder acogerlas. Aunque, como recuerdan los diferentes interlocutores del Gobierno en este proceso, el problema es mucho más profundo y requiere un trabajo global a largo plazo.