La Audiencia de Iruñea estableció ayer que el vecino de Atarrabia Aingeru Zudaire perdió la visión de un ojo en setiembre de 2012 por el impacto de un pelotazo de goma lanzado por la Policía española. Que la sentencia no deje lugar a dudas ya es un logro en sí mismo, vistas todas las dificultades: la acusación tuvo que pelear hasta en tres ocasiones para reabrir un caso al que se había dado carpetazo, la Fiscalía ni siquiera acusó al agente juzgado, y la defensa puso en cuestión el origen del impacto, sugiriendo que pudo haber sido una piedra o un codazo. Pese a establecer el origen de la agresión, la Audiencia absuelve al único agente juzgado, escudándose en la habitual «imposibilidad» de establecer la autoría del disparo, aunque el mismo imputado reconoció en la fase de instrucción haber podido ser el responsable.

En cualquier caso, y sin soslayar la responsabilidad personal del agente, es la actitud de los diversos responsables públicos implicados en casos de esta naturaleza lo que debería centrar la atención. Por su gravedad, por su reiteración y por su transversalidad. Da igual que sea con la Policía española, la Guardia Civil –el mismo PSOE que desde la oposición pedía cuentas por las muertes en el Tarajal recurrió ayer la imputación de 16 agentes– o, sin ir más lejos, la Ertzaintza –imposible olvidar la vergonzosa actitud de sus responsables policiales y políticos en el caso Cabacas–. No hay un caso de estas características en el que los responsables públicos hayan apoyado a la víctima o, siquiera, mantenido una posición neutral. A menudo acaban siendo los propios jueces –al menos en primera instancia– los que ponen en su lugar a las partes. La sentencia conocida ayer es una nueva muestra.

Es una concepción de la función policial profundamente antidemocrática, bebe de un corporativismo policial muy mal entendido y consagra una impunidad que impide asentar unas bases de igualdad ante la ley, premisa para garantizar todos los derechos para todas las personas.