Cuotas de estupidez
La actual configuración político-administrativa del Estado español es fruto de una deriva histórica que nació bajo los auspicios de espurios enlaces dinásticos negociados hace siglos, y que se ha mantenido hasta hoy por la fuerza de las armas, siempre en cerrada defensa de los intereses de las minoritarias clases dominantes y obviando por «irrelevante» el verdadero sentimiento mayoritario de la sociedad. Vale que es mucho condensar, pero la columna no da para mucho más. La cuestión es que los profundos déficits identitarios de eso que algunos llaman España se han ido poniendo de manifiesto gracias al paulatino proceso, aún no concluido, de superación de conceptos pre-democráticos que se ha desarrollado en distintos tiempos y con diferentes intensidades, pero que a día de hoy se encuentra en un punto de no retorno, especialmente para Euskal Herria y Catalunya.
Este es el escenario en el que nos situamos a la hora de proponer un examen de los resultados electorales del domingo. Un análisis que –a pesar de que estaba en liza la definición de un gobierno ajeno–, pone de manifiesto que las realidades catalana y vasca caminan por vías particulares, marcadas por el sólido respaldo a las fuerzas que defienden los derechos de las naciones, y con particular avance de las opciones que, además, proponen una sociedad más justa a partir de la redistribución de la riqueza.
No seduce especialmente el papel de «dique de contención» contra el fascismo que se otorga a las fuerzas abertzales, porque ello implica el compromiso con un marco del que, precisamente, la mayoría de las sociedades catalana y vasca quiere desvincularse de forma definitiva. Pero tampoco se puede obviar la amenaza que, por encima de otras consideraciones, supone el auge de un «movimiento» que apuesta sin ambages por el regreso al discurso pre-democrático del que hablaba más arriba. Los Sánchez, Casado, Iglesias y Rivera de turno, cada cual con su cuota de estúpida irresponsabilidad, han servido de fuelle para avivar un fuego inquietante, que obliga a profundizar, entre otras, en iniciativas como la Declaración de Llotja de Mar.
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