El pasado año el Parlamento Vasco aprobó por unanimidad una Proposición No de Ley presentada por Elkarrekin Podemos que solicitaba al Gobierno Vasco la celebración, cada 26 de junio, del Día Internacional en apoyo a las Víctimas de la Tortura.

Una delegación de Egiari Zor compuesta por distintas personas víctimas de la tortura acudió a la cámara de Gasteiz aquel día. Entonces valoramos que considerábamos positivo contar con un nuevo mecanismo institucional de este tipo, que ayudaría a situar el drama de la tortura en el mapa de la verdad del sufrimiento vivido en Euskal Herria, siempre y cuando no quedara en algo meramente simbólico y se adoptaran al mismo tiempo medidas efectivas para el reconocimiento y reparación de las víctimas de la tortura, y se asumieran responsabilidades.

Hoy, 26 de junio del 2020, no hay celebración alguna prevista. Cierto es que la crisis sanitaria generada por la covid-19, y el hecho de encontrarnos inmersas de lleno en la campaña electoral con un Gobierno en funciones dificultan la situación. Lo comprendemos. Continuaremos atentas para ver si, efectivamente, los compromisos adquiridos por el anterior Gobierno del lehendakari Urkullu, como la celebración oficial de este día, se mantienen.

Lo que sí sabemos es que de momento no se ha adoptado medida alguna de otro tipo. Ningún partido político de los que contribuyeron a crear legislaciones de excepción que permitían la incomunicación de las personas detenidas, ha rectificado sus posiciones.

Los jueces, responsables de la aplicación de la incomunicación, de la prórroga de la detención, y de la integridad de las personas detenidas, continúan sin esclarecer por qué no investigaron de manera eficaz las denuncias de tortura. Los médicos forenses, pieza clave para encubrir esta práctica y permitir impunidad, no han hecho autocrítica de las razones que les llevaron a ocultar lo que estaba sucediendo en las comisarías. Y los medios de comunicación que no sólo silenciaron las evidencias de múltiples casos de tortura, sino que además orquestaron campañas de desprestigio contra personas que fueron víctimas de gravísimas vulneraciones de derechos humanos, no han corregido sus posiciones.

Tampoco ningún Gobierno ha asumido todavía su responsabilidad. Si la tortura ha sido posible, es porque existía un pacto de Estado que la posibilitaba. Todo un engranaje perfectamente diseñado donde la impunidad era la clave para que esta práctica ilegal permaneciese vigente durante décadas.

A nosotras y nosotros no nos torturaron unos pocos guardias civiles, policías nacionales o ertzainas que, motu proprio, se colocaron por encima de la ley. Nos torturaron unos policías que actuaban en el marco de una estrategia de Estado.

Es por ello que hoy interpelamos al Gobierno Vasco. A ese Gobierno que aceptó la celebración de forma oficial de este día. Según certifica el “Informe sobre la tortura en Euskadi”, que lleva la firma del Gobierno Vasco en su portada, por lo menos 336 casos de tortura fueron llevados a la práctica por la Ertzaintza durante los Gobiernos del PNV. Existen, por lo tanto, responsabilidades políticas que asumir. Y existen medidas de reconocimiento y reparación que se pueden poner en marcha de inmediato; las víctimas de la tortura llevamos demasiados años esperando.

Consensos articulados sobre la celebración de días como hoy deberían facilitar estos pasos, imprescindibles para garantizar el pleno ejercicio de la memoria democrática sobre la que debemos construir la convivencia futura. Es una deuda histórica no sólo con las víctimas, sino también con la propia democracia.