EL TSJN LEVANTA EL VETO A LAS MACROGRANJAS EN NAFARROA
El decreto que blindaba a Nafarroa de la instalación de macrogranjas de vacas lecheras, estableciendo un máximo de 1.250 cabezas, ha sido anulado por el TSJN. Responde a un recurso de Valle de Odieta, la impulsora de la macroexplotación de Noviercas (Soria) que tiene intención de ampliar la que ya tiene en Caparroso.
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EL Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa (TSJN) ha dejado sin efecto el decreto foral aprobado por el Gobierno en la pasada legislatura (Isabel Elizalde era la titular de la Consejería de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local) que establecía en 1.250 cabezas el número máximo para las explotaciones de vacuno de leche. El objetivo claro de aquella medida, tomada en marzo de 2019, era impedir la instalación de macrogranjas en Nafarroa, apostando, de paso, por las explotaciones de tamaño menor con un modelo sostenible y que contribuya a fijar habitantes en zonas amenazadas por el despoblamiento. No en vano, la ganadería es de las pocas actividades económicas que existen en muchas zonas del herrialde.
No deja de ser llamativo que quien presentara el recurso al decreto del departamento de Elizalde fuera precisamente la sociedad cooperativa Valle de Odieta, que, pese a su nombre, tiene actividad fuera de esta zona. Se trata en concreto de la promotora de la macrogranja que se quiere instalar en Noviercas, en la provincia castellana de Soria y a apenas una cuarentena de kilómetros de la muga con Nafarroa, en el Mojón de los Tres Reyes.
Noviercas y Caparroso
La de Noviercas se trata de una apuesta por un modelo diferente al que defienden las instituciones y la mayoría del sector ganadero en Nafarroa, basada en la industrialización mediante macrogranjas. La que se quiere instalar en la provincia de Soria albergaría unas 18.500 vacas. Actualmente, se estima que en Nafarroa la cabaña de vacas lecheras es de unas 20.000. Por tanto, si salen adelante esos planes, solo en Noviercas se instalaría el mismo número de vacas que en toda Nafarroa, lo que en el sector se considera que podría ser la puntilla para una actividad caracterizada actualmente por la falta de renovación generacional y la atomización.
De hecho, Valle de Odieta tiene ya una gran explotación en Caparroso, con unas 3.500 vacas. El declarado objetivo de la cooperativa era ampliar el tamaño de esta granja hasta las 7.000 cabezas, casi seis veces más del límite que establecía el decreto foral anulado por el TSJN.
Tras esta sentencia judicial, Valle de Odieta no tendrá problemas, al menos legales, para ampliar la explotación de Caparroso, ya que no solo se anula el límite para las nuevas granjas, sino que también se permite ampliar las actualmente existentes.
Algunas voces del sector destacaban, desde hace ya tiempo, que detrás del proyecto de Noviercas lo que existía realmente era un intento de la cooperativa Valle de Odieta de presionar al Gobierno navarro para permitir la ampliación de la explotación de Caparroso. Noviercas no sería más que la versión ganadera de la amenaza ante las instituciones de la deslocalización en la industria: como no puedo hacer lo que quiero, me llevo el negocio a otro lado. Con lo que supone de pérdida de recaudación fiscal y el mantenimiento de la amenaza al resto del sector.
El recurso judicial parece haber cumplido las expectativas de Valle de Odieta, aunque la sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación ante el mismo Tribunal Superior de Justicia. El Gobierno navarro –la ganadería actualmente está a cargo de la Consejería de Desarrollo Rural y Medio Ambiente que dirige Itziar Gómez– parece dispuesto a defender la línea marcada en la anterior legislatura. También las fuerzas parlamentarias se han mostrado favorables a defender un modelo ganadero sostenible en Nafarroa y desde EH Bildu e I-E no descartan, incluso, una reforma legislativa para proteger a la ganadería.
Uno de los argumentos recogidos en la sentencia del TSJN considera que el decreto foral recurrido no mejora el bienestar animal, al tiempo de que actúa contra la libertad de empresa. Desde el Gobierno navarro se defendía la necesidad de legislar específicamente para el herrialde ante lo que consideraban un vacío en la legislación estatal.
Los jueces también han rechazado la tesis de que las explotaciones de un tamaño tan grande puedan contribuir a la expansión de ciertas enfermedades, al considerar que no se han aportado informes que sostengan ese planteamiento.
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