La pasada semana fueron las diputaciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa las que señalaron que el acuerdo estatal para “prestar” los remanentes de los ayuntamientos al Gobierno español no debe tener repercusión en estos tres herrialdes porque la competencia en esta materia recae en las instituciones forales.

Ayer, la Comisión Ejecutiva de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), reunida en sesión extraordinaria, aprobó un texto de cuatro puntos al respecto. El primero, en el que se rechaza el acuerdo suscrito por el Gobierno de Pedro Sánchez y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), se aprobó con 24 votos a favor y uno en contra (de la alcaldesa de Viana, del PSN).

El segundo, que pide la derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, contó con 17 votos a favor y 8 en contra (los de los representantes de Navarra Suma: los alcaldes de Iruñea, Tutera, Martzilla, Alesbes, Cintruénigo y Kaseda; la presidenta del Concejo de Artika y el presidente de la Mancomunidad de Residuos de Erribera.

Los otros dos puntos se aprobaron por unanimidad, por lo que la FNMC exige al Gobierno de María Chivite (PSN) que emprenda las acciones necesarias «para defender la capacidad de las entidades locales de utilizar sus remanentes de tesorería, salvaguardando su autonomía, en el marco de las competencias históricas de Navarra y su régimen foral».

La «mano tendida» de Sánchez

Mientras tanto, Pedro Sánchez y Abel Caballero insisten en defender las bondades del texto que ambos suscribieron el pasado 4 de agosto en La Moncloa.

El alcalde de Vigo, que es el presidente de la FEMP, reiteró el martes que «es un buen acuerdo» y que «no obliga a nadie», precisando que «permite optar» a los ayuntamientos entre el sistema de remanentes, el de uso del superávit –para prestárselo al Gobierno español– o combinar ambas fórmulas. «El acuerdo es extraordinariamente respetuoso con la autonomía municipal», añadió.

La Junta de Gobierno de la FEMP aprobó ese acuerdo gracias al voto de calidad de Caballero, ya que se registró un empate: doce votos a favor, de los representantes del PSOE, frente a los diez en contra del PP, el de Ciudadanos y el del PDeCAT.

Sánchez, por su parte, dijo ayer que está dispuesto a negociar de nuevo con los ayuntamientos el contenido del polémico decreto, si bien insistió en que el que firmó con Caballero es un «gran acuerdo». El presidente español afirmó que tiene «la mano tendida» para todas las instituciones y, «singularmente, a los ayuntamientos».