Hace casi dos años, la «Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones», comenzó a denunciar las muertes que se producen en las cárceles españolas, a través de la web “Necrológicas SOS prisiones, tu abandono me puede matar”. Parecía que trataban de hacer visible el carcelicidio que se produce desde hace décadas, sin que ninguna autoridad tome cartas en el asunto, dedicándose tan solo a incinerar los cadáveres, eludiendo las responsabilidades institucionales y de los funcionarios encargados de garantizar la seguridad en el interior de las prisiones.

También desde hace años, las asociaciones que acompañamos a las personas presas y sus familiares hemos venido denunciando el oscurantismo y las extrañas circunstancias en las que se producen muchas de estas muertes, cuyas causas oficiales aducidas han sido, sobre todo, supuestos suicidios y sobredosis en el seno de una institución, como es la cárcel, donde existen protocolos y medidas estrictas para evitar tanto la presencia de drogas como en materia de prevención de suicidios.

Desde el 25 de abril de este año, y coincidiendo con el cierre de las negociaciones para conseguir mejoras salariales y en sus condiciones laborales, así como con la epidemia del covid-19, el recuento de muertes en prisión en dicha página se paralizó. Han seguido muriendo decenas de personas presas, las últimas en Castellón, Alava, Córdoba o Ibiza, pero al parecer, el denunciarlas sistemáticamente no responde tanto a la intención de defender el derecho a la vida, sino más bien, a una vocación de utilizar el hecho de publicitarlas, como un arma de presión a la hora de defender intereses corporativos frente al Ministerio de Interior y los partidos políticos que repercutan en el logro de intereses ajenos y contrarios a la defensa de los derechos de las personas presas, de sus familiares y mucho menos a la intención de contribuir a la transparencia en el ejercicio de sus funciones.