No ha sido una triste fatalidad. Había una opción de que Igor González Sola no hubiese muerto ayer en una celda en la cárcel de Martutene. Habrá quien se consuele pensando que no se pudo hacer nada, pero esta muerte no era ineludible. Alguien decidió no liberarlo, pese a haber cumplido las tres cuartas partes de la condena que posibilitan la libertad condicional, pese a su historial médico. Pensaron que era pronto para cumplir su propia ley, que podían posponer la decisión más lógica y justa. Calcularon la oportunidad y decidieron dar un paso, trasladarlo a Martutene, cuando deberían haberlo dejado en libertad. Es de suponer que, entonces, no pensaban que este fuera a ser el trágico desenlace. Es de suponer que, ahora, no creerán que tienen responsabilidad alguna. No es así. Por sus cálculos miserables o por su sed de venganza, han llegado tarde adonde debían estar hace mucho tiempo.

Van cinco presos políticos vascos muertos desde que ETA decidiera dejar la lucha armada: Xabier López Peña, Arkaitz Bellon, Kepa del Hoyo, Xabier Rey y ayer Igor González Sola. En cada uno de esos casos se podía haber hecho algo que no se hizo por falta de voluntad o por ventajismo. La política penitenciaria vengativa debe cesar. No tiene justificación posible. Hay que desmontar la excepcionalidad contra las presas y presos vascos, sujetos de derecho.

A estas alturas, acercar a los presos es un paso positivo pero insuficiente, tal y como demuestra esta muerte. En este momento, los únicos derechos humanos que se violan en este terreno en Euskal Herria son los de los presos y sus familiares. Es en este ámbito donde pueden producirse situaciones dramáticas como la que vive ahora la familia González Sola. La sociedad vasca y sus instituciones deberían conjurarse para que no se sigan violando derechos, para que esta sea la última muerte en prisión. Los responsables deberían comprometerse a evitar todo sufrimiento evitable. Por la justicia y por la convivencia.