Las prácticas escalofriantes de las dictaduras latinoamericanas desde las décadas de los 60 hasta los 80, desde Paraguay a Brasil, Perú, Uruguay, Chile, Argentina o Bolivia dejaron más de 240.000 personas detenidas desaparecidas en América Latina, según datos del Comité Internacional de Cruz Roja.

Representantes de organizaciones de familiares de estas víctimas abordaron el jueves, en un debate on line organizado por el Foro Social Permanente, Egiari Zor y Paz con Dignidad, los procesos de búsqueda de víctimas desaparecidas y los mecanismos de reparación por los que han luchado y siguen luchando. En el contexto del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzosas, celebrado el pasado 30 de agosto, el debate se planteó aprender de estos procesos. Desde Euskal Herria, Eneko Etxeberria, hermano de José Miguel Etxeberria ‘Naparra’, desaparecido hace 40 años, trasladó su cariño y un saludo a las cuatro participantes latinoamericanas.

Maria Adela Antokoletz, hija de una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo en Argentina, dejó el primer apunte de las lecciones que aprendieron en su caso: «Había responsables concretos. Fuimos aprendiendo que son los Estados y sus agentes y también quienes, encubiertos, contaban con el permiso o la aquiescencia del Estado».

En esa lucha, que en Argentina emprendieron en un primer momento «como se podía», encararon la búsqueda de  hijos, padres, madres o nietos, detrás de lemas como «Aparición con vida» que luego dieron paso a los ejes de Memoria, Verdad y Justicia, y que fueron recogidos por la Convención de Naciones Unidas como «verdad, justicia y reparación».

Mención a Martín Villa

Antokoletz subrayó que la etapa de lograr la verdad «es en la que está inmerso el pueblo vasco y la asociación de memoria histórica en el Estado español, con algunos avances esta misma tarde, tal vez».

Se refería al exministro franquista Rodolfo Martín Villa, que apareció así en un debate que se desarrollaba a la misma hora en que comparecía ante la juez María Servini para responder por las acusaciones de delitos de lesa humanidad. «Por primera vez un funcionario del franquismo es interrogado ante un tribunal», se felicitó Antokoletz.

Otra lección la apuntaba Nila Heredia. Médica, activista y política boliviana, exministra de Salud y presidenta de la Comisión de la Verdad de su país: «A pesar del tiempo y de las dificultades, es posible recuperar material».

Recordó que Bolivia tuvo la primera Comisión de la Verdad del continente, formada en 1983, pero duró poco y los sucesivos gobiernos de derecha no permitieron rehacerla durante casi 40 años. Finalmente, fruto de la lucha de asociaciones de familiares, fue la última que se constituyó, ya bajo el Gobierno de Evo Morales, para investigar lo ocurrido entre 1964 y 1982. El tiempo transcurrido y el hecho de que el Ejército no haya abierto sus archivos lleva a la dificultad de trabajar con la memoria de las personas y de «reelaborar historias con mucho dolor».

El Gobierno surgido del golpe de Estado en Bolivia ha vuelto a poner trabas y ha paralizado la ampliación de los archivos que estaban llevando a cabo. Además, aunque «los responsables y anteriores comandantes no estén mantienen su influencia en las estructuras del Ejército y Policía». Al ser el caso boliviano parte de la Operación Cóndor que involucró a varios países latinoamericanos, sortearon la dificultad con la investigación que se hizo en Argentina.

Y una casualidad poco antes del golpe de Estado les permitió «acceder a gran cantidad de documentación muy importante que aún no hemos tenido tiempo de trabajar».

Antokoletz señaló que la sociedad sabe organizarse con la creatividad necesaria ante estas trabas que plantean las instituciones o las leyes, y recordó cómo los hijos de desaparecidos pusieron en marcha los escraches contra represores argentinos para sacarlos a la luz, pero insistió en que la responsabilidad de esclarecer lo sucedido «sigue siendo del Estado».

Una tercera lección la aportaba Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Colombia: «Los logros son fruto de la lucha de las víctimas».

Monzón recordó que Colombia, con registros de desapariciones desde 1977, recogió en la Constitución en 1991 el marco jurídico que prohibe las desapariciones forzadas y tratos crueles y degradantes, pero no fue hasta el año 2000 cuando los familiares de las víctimas lograron el reconocimiento jurídico de un delito específico de desaparición forzosa. Destacó que «fue dificilísimo» y que lo consiguieron con «alianzas, organización y aprendiendo».

También intervinieron en 2016 para advertir de que en los acuerdos de paz debían abordarse las desapariciones. Así, son las propias víctimas las que van «empujando a las instituciones» sobre lo que toca hacer.

Por su compromiso político

Judith Galarza Campos, secretaria General de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (México), dejó claro qué necesitan los familiares de estas víctimas: «Que digan dónde están, quiénes son los perpetradores y que sean llevados a juicio, porque si se mantiene la impunidad, los delitos se van a volver a cometer».

Pero no solo eso. También «reconocer públicamente que son hombres y mujeres que lucharon en organizaciones políticas, de derechos humanos, indígenas... que los hicieron desaparecer por un compromiso social con su pueblo».

Galarza subrayó la vertiente de género de este tipo de represión que añade «humillaciones por ser mujer y las detenidas son muchas veces hostigadas y violadas». Precisamente, en México, cuando a finales de los 80 y principios de los 90 bajaban las desapariciones forzadas en la mayoría de los países, las mujeres obreras mexicanas eran desaparecidas, torturadas y violadas.

«Nos dimos cuenta de que detrás había diversas autoridades y medios de comunicación y que era una lucha bastante fuerte. Denunciamos que había un plan de política de Estado y que el objetivo era intimidar a las mujeres», señaló Galarza, a la vez que advertía de que «es una violencia que no ha terminado. El 90% de casos siguen impunes y las fiscalías no han llegado a la verdad de lo que ha sucedido».

En este punto, Monzón recordó que en el caso colombiano hay un subregistro de las mujeres desaparecidas, con solo 7.000 casos de más de 80.000, al no identificarlas como vinculadas a desaparición forzada.

Trampa en la reconciliación

Nila Heredia fue tajante al hablar de la reconciliación que se promulga desde algunas instituciones y al contestar si las víctimas pueden perdonar.

«Definitivamente no. No vamos a olvidar a los compañeros y familiares. Los culpables tienen que ser enjuiciados. No se puede olvidar. No generaría responsabilidad, no se puede reconciliar con alguien que ha cometido semejante barbaridad».

Al contrario, afirmó que es el Estado el que debe «reconciliarse con la población, con comisiones de verdad, juicios y reconocimiento a los compañeros revolucionarios. No los desaparecieron por delincuentes sino porque mantenían una posición política. La única manera de reconciliarse es reconociendo que el Estado aceptó y protegió la desaparición forzada».

Víctimas criminalizadas

Precisamente, Galarza subrayó la necesidad de «reivindicar a nuestros familiares» frente al imaginario colectivo de una víctima secuestrada y torturada «porque ha hecho algo malo». 

Y para ello sabe que trabaja a contracorriente con los medios de comunicación y las empresas propietarias, «que promueven odio y pensamiento capitalista», que si antes presentaban a las víctimas como «comunistas robaniños» ahora los vinculan en muchos casos al narcotráfico.

Monzón explicó que «estamos desarrollando metodologías para visibilizar a quienes buscan, y hacer frente a su soledad y abandono». Su proyecto es «empezar a ver seres humanos detrás de sus búsquedas» con el fin de «eliminar las etiquetas y la estigmatización que los persiguen. Trabajar por la identificación con el dolor».

Con golpes de Estado y el auge de la ultraderecha de nuevo en Latinoamérica, la amenaza de las desapariciones forzadas no parece solo algo del pasado. Adela Antokoletz señaló que «más allá de nuestro deseo, la historia puede volver a repetirse. Por eso es importante implicar a la sociedad en el debate de cómo se busca la verdad».

«La historia acecha a los países que no cerraron sus cuentas con la historia. Brasil no cerró sus cuentas con la historia. ¿Quién iba a imaginar que un loco represor como Bolsonaro podía estar dirigiendo el país?», añadió.