Especialmente en momentos cruciales. Y este lo es. Se acerca el 6 de diciembre y el Gobierno bolivariano ha decidido celebrar elecciones parlamentarias en esa fecha. Es verdad que los 54 países que reconocieron a Guaidó se lo habían exigido reiteradamente para restablecer las relaciones diplomáticas. Caracas aceptó el requerimiento y no ha servido de nada; ahora consideran ilegítima dicha convocatoria y plantean nuevos requisitos.

La Administración norteamericana intuyó que, si Venezuela resolvía el lioso tema de la Asamblea Nacional, su política de acoso carecería de sentido. Trump ordenó deslegitimar las elecciones de diciembre y en esas andan sus incontables corifeos. El intruso se aferró al No desmarcándose de una parte de la oposición que está dispuesta a participar en los comicios. La UE parecía tener una actitud más abierta. Falso espejismo; secundando la iniciativa norteamericana, torpedeó las elecciones recurriendo a tejemanejes más sibilinos. En junio del año pasado puso unas humillantes condiciones al Gobierno bolivariano que este rechazó con indignación: «La pretensión europea de imponer una suerte de supervisión al funcionamiento de las instituciones democráticas de Venezuela es otra demostración de la soberbia y nostalgia colonialistas que aún perviven en las venas corporativas de las élites dominantes en el viejo continente».

La turbulencia se rebajó y se reanudaron los contactos con la esperanza de que la UE mantuviera una actitud independiente respecto a lo que Trump le exigía. Vano intento; Europa volvió a la carga. Las nuevas cesiones y garantías electorales de Venezuela no consiguieron desbloquear la actitud cerrada de Borrell. Este equiparó a Venezuela con Bielorrusia y, definitivamente, rechazó la presencia de observadores europeos en las elecciones; según su estrambótico pretexto, «no disponían de tiempo para organizar el equipo de observadores». El Reino Unido, por su parte, mantiene una miserable y vieja tradición: acosar a los gobiernos que quiere derrocar. Ha atiborrado de dinero a las más de setecientas organizaciones que constituyen la llamada Coalición Anticorrupción y que son agentes de sabotaje permanente.

El PNV, peón menor en esta partida, no ha querido quedarse a la zaga. Para seguir deslegitimando al Gobierno bolivariano, ha invitado a un tal Lorent Saleh. ¿Quién es este individuo? Un «defensor de los derechos humanos y representante de la oposición pacífica reprimida por Maduro» según la presentación jelkide. La realidad es otra. Organizó y perpetró numerosos atentados contra instituciones venezolanas; tras huir del país aprovechando de libertad condicional de la que gozaba, se instaló en Colombia; bajo la protección de Álvaro Uribe, siguió atacando a Venezuela. En Colombia estuvo vinculado al grupo neonazi Alianza Nacionalista por la Libertad; unos vídeos en los que reconocía aprovechar territorio colombiano para preparar los atentados que luego ejecutaba en Venezuela dio lugar a que la policía de Bogotá lo detuviera y lo expulsara. Le fue concedido posteriormente el premio Sajarov; compartió dicho premio con Leopoldo López, el golpista que acaba de huir de Venezuela arropado por el embajador español.

El tal Lorent entró al Estado español de la mano del PSOE y, hoy, visita Euskal Herria de la mano del PNV. Ambas formaciones, tan aficionadas a reclamar suelo ético, ¿se lo habrán exigido a este percal al que nos quieren presentar como modelo de convivencia democrática? ¡Cuánta hipocresía! Nos tienen por tontos y se equivocan. Enjuagues como este desenmascaran a sus organizadores y nos reafirman en nuestras convicciones. Seguiremos apoyando al sufrido pueblo bolivariano que soporta las múltiples agresiones de todos estos arribistas.