Una de las cosas alucinantes de la noticia del paso a módulos normales de presos vascos en tres cárceles es que para muchos –las generaciones más jóvenes o menos preocupadas por el tema– lo nuevo habrá sido conocer que existía ese aislamiento. Efectivamente, en el marco de la política de dispersión, una práctica tan excepcional y grave se ha aplicado como algo absolutamente cotidiano y además durante un larguísimo periodo de tiempo, más de tres décadas. Para cientos de presos y presas vascas el módulo de castigo (sinónimo de módulo de aislamiento) ha sido lo único conocido y padecido, en ocasiones durante más de 20 años. No hacía falta que, como establece la ley, se acreditara una situación de «inadaptación» o se decretara una sanción. Tampoco se revisaba periódicamente, cuando la norma dice que debe hacerse cada catorce días. Ha dado igual incluso que atentara ETA o que no existiera ya, que la cárcel fuera un frente de lucha o los presos estuvieran recorriendo la vía legal.

A fuerza de haber convertido lo excepcional en normal, se aprecia incluso que esta cuestión no ha estado en los últimos años entre las principales reivindicaciones por los derechos de los presos, enterrada por la emergencia de la situación de los encarcelados enfermos, la afección del alejamiento para las familias o el cruel trato a los «niños y niñas de la mochila». Cuando llega esta noticia es cuando se recuerda en toda su dimensión que no había nada de normal en esto, aunque fuera tan habitual.

Estos movimientos denotan que incluso Instituciones Penitenciarias lo ha entendido así, aunque nunca lo vaya a reconocer. Tras 33 años de excepcionalidad, ahora lo lógico y lo justo es hacer simplemente lo normal. Vaciar todos los módulos de aislamiento y no solo algunos, traerlos a Euskal Herria en vez de a su perímetro, dejar de castigar a todos los familiares, liberar a todos los presos enfermos. Respetar los derechos humanos y cumplir la ley, nada más.